Luz verde al proyecto híbrido Sant Roc en Lleida y Tarragona

El macroproyecto de energías renovables conocido como Sant Roc ha superado el trámite de impacto ambiental, abriendo la puerta a una importante transformación en los paisajes de l'Urgell y la Conca de Barberà. La Generalitat ha dado luz verde a la iniciativa impulsada por Desarrollos Renovables RPG8, que combina energía eólica, solar y almacenamiento en baterías, aunque su aprobación llega cargada de condiciones técnicas y ambientales.

La infraestructura se desplegará en los términos municipales de Guimerà, Ciutadilla, Vallbona de les Monges, Passanant i Belltall y l'Espluga de Francolí. Seis aerogeneradores se repartirán por estas tierras, acompañados por una planta solar con más de 17.000 paneles y un sistema de almacenamiento de energía con una capacidad total de 3 MWh. La línea de evacuación, de más de 16 kilómetros, ha sido uno de los puntos más debatidos en el expediente.

El visto bueno de la administración no ha estado exento de tensiones. El informe del Servicio Meteorológico de Cataluña sobre el radar de la Creu del Vent fue determinante para obligar al promotor a replantear la altura y ubicación de varias turbinas. Los informes de los ayuntamientos de la zona y diversos consejos comarcales mostraron un rechazo frontal, argumentando la lesividad de un despliegue que ya cuenta con una alta densidad de parques eólicos operativos.

Las medidas preventivas impuestas son exhaustivas para intentar mitigar el impacto sobre la fauna local, especialmente aves rapaces como el águila perdicera. Se obligará a instalar sistemas de sensores automáticos para detener las palas ante la presencia de aves y a señalizar las infraestructuras para evitar colisiones. También se deberán compensar los hábitats de interés comunitario afectados en una proporción de 1 a 3.

La gestión del agua y la protección del patrimonio también han forzado ajustes. El promotor deberá realizar controles arqueológicos intensivos, especialmente en áreas próximas al Molí del Macià, y garantizar que los cruces de líneas eléctricas no alteren la funcionalidad de torrentes y barrancos. En la fase de obras, la velocidad de los vehículos estará limitada a 20 kilómetros por hora.

La Declaración de Impacto Ambiental tiene una vigencia de cuatro años. Si para entonces no ha comenzado la ejecución efectiva del proyecto, los permisos caducarán automáticamente. Las empresas implicadas tienen ahora la responsabilidad de integrar todos los requisitos técnicos en el proyecto constructivo final antes de iniciar cualquier movimiento de tierras.