Quince responsables de Derechos Sociales estrenan puesto

El Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha culminado la adaptación de los puestos de trabajo para quince de sus altos cargos y responsables técnicos. Esta resolución, firmada el 28 de julio por el consejero Raúl Moreno Montaña, oficializa un reajuste interno derivado de la reestructuración departamental aprobada el pasado año.

Los cambios afectan a dos grandes áreas de la administración catalana: la Dirección de Servicios y la Dirección General de Prestaciones Sociales. Aunque los nombramientos cambian de denominación para reflejar mejor sus funciones actuales, la Generalitat recalca que no se trata de nuevos puestos, sino de una adaptación de las funciones que estos mismos funcionarios ya venían desempeñando con anterioridad.

El grueso de los cambios en la Dirección de Servicios se centra en la gestión administrativa y patrimonial. Entre los afectados, Magdalena Bes Rubio pasa de la Subdirección General de Contratación y Equipamientos a la Subdirección General de Contratación y Patrimonio, mientras que Oswald Vega Aguilà cambia la Subdirección General de Planificación y Gestión Presupuestaria por la nueva Subdirección General de Gestión Económica y Contabilidad. Otros responsables, como Rosa Maria Alarcón Alarcón y Inmaculada Camara Olalla, ven cómo sus secciones de Patrimonio y de Obras y Mantenimiento se transforman en puestos de responsabilidad directa.

En la Dirección General de Prestaciones Sociales, el foco se pone en la actualización de los nombres de los servicios para adaptarlos a la realidad asistencial. Maria José Buil Albero, por ejemplo, asume ahora el Servicio de Renta Garantizada de Ciudadanía y de Ingreso Mínimo Vital, absorbiendo explícitamente ambas denominaciones en su puesto. Por su parte, Montserrat Suñol Cuní liderará el Servicio de Prestaciones para Familias, Niños y Jóvenes, asumiendo una nomenclatura que amplía el alcance de su anterior rol en el ámbito familiar.

La norma tiene carácter retroactivo. Los cambios de denominación en la Dirección General de Prestaciones Sociales se consideran efectivos desde el 1 de febrero de 2026, mientras que los de la Dirección de Servicios entran en vigor a efectos administrativos desde el 1 de junio del mismo año.

No hay nuevas plazas. Es una reordenación interna.

Las personas interesadas que consideren que este cambio afecta a sus derechos administrativos tienen la vía abierta para interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes o, alternativamente, acudir al Tribunal de Instancia en los dos meses siguientes a esta publicación. El proceso, en esencia, busca simplemente alinear el título del puesto con el trabajo que ya se realizaba en el día a día del departamento.