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Oposición en la UPF: una plaza de letrado con 59.491 € de sueldo

Plazo de solicitudAbierto hasta el 5 de agosto de 2026Quedan 24 días
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La Pompeu Fabra ha convocado una plaza de letrado para sus servicios jurídicos. Tienes 20 días hábiles para presentar tu solicitud si eres funcionario de carrera.

La Universidad Pompeu Fabra busca un nuevo letrado para sus servicios jurídicos. La plaza, de nivel A1-24, está abierta a cualquier funcionario de carrera de cualquier Administración Pública que cuente con el título de Derecho y el nivel C1 de catalán.

Datos clave

Plazo solicitud
Hasta el 5 de agosto de 2026
Retribución
59.491,26 € brutos al año
Requisitos
Grado en Derecho y nivel C1 de catalán
Acceso
Funcionarios de carrera (subgrupo A1)

El puesto ofrece una retribución bruta anual de 59.491,26 €.

El proceso de selección consta de dos fases eliminatorias. En la primera, los aspirantes deberán resolver supuestos prácticos y superar una entrevista sobre sus competencias profesionales. Solo los cinco candidatos con mejor nota en la parte práctica, siempre que alcancen un mínimo de 25 puntos, llegarán a la entrevista.

La segunda fase valorará los méritos de los aspirantes, incluyendo la antigüedad, la experiencia previa en la administración pública durante los últimos cinco años, el grado consolidado y las titulaciones académicas adicionales. También se tendrán en cuenta conocimientos superiores de catalán jurídico y otros idiomas acreditados.

Las solicitudes deben presentarse en el plazo de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el DOGC, realizada el 7 de julio de 2026. Si estás interesado, asegúrate de adjuntar toda la documentación que acredite tu condición de funcionario y tu titulación universitaria al registrar tu solicitud.

Los interesados tienen un plazo de un mes para interponer un recurso de reposición ante la rectora, o de dos meses para presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal de Instancia de Barcelona. El proceso completo tiene una duración máxima de cinco meses desde la finalización del periodo de presentación de candidaturas.

El tribunal está presidido por el jefe de los servicios jurídicos de la propia universidad. La transparencia es clave. El anonimato en las pruebas escritas es obligatorio, y cualquier marca identificativa supondrá la exclusión directa del candidato.

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