La Generalitat ajusta las reglas de los servicios contra la violencia

El Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat ha reorganizado las reglas del juego para diversos servicios sociales especializados en la atención a las violencias machistas. La resolución, firmada por la consellera Eva Menor, ajusta las condiciones de personal, horarios y funcionamiento de una red fundamental para miles de mujeres y familias en Cataluña.

Los cambios afectan a ocho anexos específicos de la Orden TSF/218/2020. Entre las modificaciones más relevantes destaca la supresión de la figura del jurista como perfil obligatorio y permanente en los puntos de encuentro, sustituyéndola por un servicio de asesoramiento jurídico con un mínimo de dos horas al mes. Se trata de un ajuste para ganar eficiencia ante una demanda de servicios legales que, según los técnicos, es meramente puntual.

En los servicios de acogida y recuperación (SAR), se flexibiliza la posibilidad de requerir un perfil de psiquiatría en las convocatorias, siempre bajo la premisa de que sea necesario para atender casos de especial complejidad. Además, se incorpora una nueva figura, la de trabajadora familiar o integradora social, con una jornada mínima de media jornada para reforzar la atención directa en estos dispositivos.

Los puntos de encuentro técnico (STPT) también estrenan calendario. Estos centros cerrarán en festivos nacionales, autonómicos y locales, además de jornadas señaladas como el 24 y 31 de diciembre, el 5 de enero y la tarde de Sant Jordi, el 23 de abril. Los equipos técnicos también cambian de denominación: el técnico coordinador pasa a ser director del servicio, con la obligación de poseer el grado en psicología o titulación equivalente.

Para el servicio de la línea telefónica 900 900 120, se establece un equipo mínimo de diez profesionales, incluyendo una dirección, dos juristas y siete técnicas. El Departament exige ahora una formación específica en violencias machistas de al menos 50 horas, o bien una experiencia acreditada de seis meses en la materia, para asegurar la calidad de la atención telefónica.

Las entidades gestoras deberán adaptar sus plantillas a estos nuevos requisitos. La resolución ya es oficial y pone fin a la vía administrativa, aunque las entidades interesadas mantienen la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante la consellera en el plazo de un mes o un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un plazo de dos meses.