Nueva ley para las cámaras de comercio en Cataluña: fondos y funciones

Cataluña estrena nueva ley para sus trece cámaras de comercio. La normativa, publicada hoy en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, busca renovar un entramado institucional que ha formado parte de la historia económica del país desde los tiempos del Consulado de Mar.

La ley establece un sistema de financiación mixto, público y privado, que obliga a las cámaras a mantener una contabilidad diferenciada. El objetivo es garantizar que los recursos públicos se dediquen estrictamente a las funciones institucionales de representación, consulta y asesoramiento, sin mezclarse con la actividad privada de libre competencia que desarrollan las corporaciones.

El texto blinda una inyección de dinero público directa que el Gobierno deberá consignar en los presupuestos anuales de la Generalitat. Se trata de un convenio plurianual de tres años que arranca con 3 millones de euros para el primer ejercicio, 5 millones para el segundo y 7 millones para el tercero.

Estas cuentas serán fiscalizadas por la Sindicatura de Cuentas, y las cámaras tendrán que rendir cuentas sobre la eficiencia de este gasto. La ley no es solo contable: también refuerza la capilaridad territorial de las trece cámaras, desde Barcelona hasta Tortosa, y las consolida como órganos de colaboración con la administración en la creación de empresas y la formación profesional dual.

El proceso electoral de los órganos de gobierno de las cámaras también se ajusta, promoviendo el voto electrónico. La ley garantiza que, en caso de empate en las votaciones del Pleno del Consejo General de las Cámaras, el voto de la presidencia sea dirimente.

La normativa reconoce el papel de las cámaras como corporaciones de derecho público y exige que sus reglamentos de régimen interior se adapten en el plazo de seis meses. El sector ya tiene las nuevas reglas del juego sobre la mesa.