Agricultura reordena sus competencias delegadas en la Generalitat
El Departament d'Agricultura, Ganadería, Pesca i Alimentació ha redistribuido sus facultades para agilizar contratos, sanciones y trámites de artesanos alimentarios.
El Departament d'Agricultura, Ganadería, Pesca i Alimentació ha reorganizado su estructura interna para agilizar trámites cotidianos. El consejero Òscar Ordeig ha firmado una resolución que delega competencias clave en la Secretaría General, la Dirección de Servicios y otras direcciones generales. El objetivo es que las decisiones administrativas no se atasquen en el despacho del titular del Departamento.
Datos clave
- Límite sanción
- 60.000 €
- Responsable
- Òscar Ordeig
- En vigor
- 21 de octubre de 2026
La Secretaría General asume ahora un amplio abanico de funciones. Entre ellas destacan la contratación administrativa, la gestión de convenios, los encargos de gestión a empresas públicas, y la resolución de recursos administrativos. También será el órgano responsable en materia de transparencia y acceso a la información pública, un área sensible que ahora contará con un cauce más directo.
La Dirección de Servicios gana peso en la gestión económica diaria. A partir de ahora, este órgano podrá aprobar gastos, gestionar modificaciones presupuestarias y adjudicar contratos menores sin tener que elevar cada paso a la cima de la pirámide departamental. Es una apuesta por la descentralización técnica.
Para las empresas del sector y artesanos, los cambios también son relevantes. La Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía pasa a gestionar directamente la concesión o retirada del carné de persona artesana alimentaria, la autorización del uso de la Marca Q y la designación de vocales para los consejos reguladores. Todo trámite relacionado con estas figuras de calidad se resolverá en este nivel.
La resolución también fija límites precisos para evitar confusiones. La imposición de sanciones y la resolución de recursos en expedientes de ayudas se delegan siempre que el importe no supere los 60.000 euros. Por encima de esa cifra, la competencia vuelve a la esfera del consejero.
Se simplifica la burocracia.
El nuevo marco ya está en vigor. Esta resolución deroga la anterior norma de 2022, ajustando las competencias a la realidad del Departamento tras las recientes reestructuraciones. Los interesados en presentar recursos o consultas ya conocen el nuevo interlocutor.
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