Ayudas de bioseguridad para explotaciones de vacuno en Cataluña

Los ganaderos de vacuno en Cataluña que han lidiado con brotes de tuberculosis tienen desde esta semana una ayuda para levantar barreras físicas en sus explotaciones. El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha abierto el plazo para sufragar la instalación de cierres perimetrales, una medida que los servicios veterinarios consideran clave para evitar que la enfermedad salte a otras manadas o a la fauna salvaje de la zona.

La convocatoria, resuelta en régimen de concurrencia no competitiva, funciona bajo el sistema de orden de llegada: quien primero solicita la ayuda y cumple con los requisitos, antes recibe el visto bueno, siempre que haya fondos en la partida. La bolsa total asciende a 100.000 euros, una cifra que podrá ampliarse si la disponibilidad presupuestaria lo permite en el momento de la resolución.

La subvención cubre hasta el 85 por ciento de los gastos de instalación. Eso sí, existe un techo: ninguna explotación podrá recibir más de 50.000 euros, y esta cantidad debe computarse junto a cualquier otra ayuda de minimis que la empresa haya percibido en los tres ejercicios fiscales considerados.

Para ser beneficiario, la explotación debe contar con un resultado positivo en tuberculosis confirmado entre el 1 de enero de 2025 y la fecha en la que se registre la solicitud. El trámite se realiza exclusivamente de forma telemática a través de la Sede electrónica de la Generalitat.

La memoria justificativa es el corazón del trámite. Junto a la solicitud, el ganadero debe presentar una memoria explicativa del proyecto y otra económica con la relación detallada de gastos, facturas digitalizadas y la debida acreditación del pago. Si el gasto se realizó antes de pedir la ayuda, las normas son estrictas y el control de la Administración, exhaustivo.

La prudencia manda. Si no presentas la justificación completa junto a la solicitud, el dinero no llega.

Al formalizar la ayuda, el beneficiario se adhiere a una serie de principios éticos y de conducta, que incluyen desde la transparencia absoluta hasta la colaboración con los servicios de seguimiento del Departamento. El incumplimiento de estas normas, además de la pérdida del derecho al cobro, activa el régimen sancionador de la Ley de transparencia.

La administración dispone de un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar, transcurridos los cuales, si no hay respuesta, la solicitud se considera desestimada por silencio administrativo. Si esto ocurre, el recurso de alzada ante la Secretaría de Alimentación es el camino a seguir, con un plazo de un mes desde el día siguiente al que se agote el tiempo para resolver.