Ayudas de 5.000 € para la gestión de estiércol en explotaciones de vacuno

Si tienes una explotación ganadera de vacuno que ha pasado por el mal trago de un positivo en tuberculosis y el consiguiente vaciado sanitario, la Generalitat ha abierto una línea de ayudas específica para aliviar los costes de gestión de estiércol y purines. Es un respiro necesario para un sector que ha tenido que hacer borrón y cuenta nueva en sus instalaciones.

El fondo total disponible es de 10.000,00 €, una cifra cerrada que se repartirá por riguroso orden de llegada. La administración pagará hasta el 85 por ciento de los gastos justificados, siempre que el tope individual no supere los 5.000,00 € por beneficiario.

Para acceder a estos fondos debes haber finalizado el vaciado sanitario en tu explotación. La ayuda cubre tanto la contratación de empresas externas que retiren el estiércol como la compra de productos específicos que tú mismo utilices para gestionarlo en tu propia finca.

La solicitud se presenta exclusivamente de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat. Junto con el formulario, deberás entregar una memoria explicativa de las actuaciones, las facturas justificativas y la relación de otros ingresos que pudieran haber financiado los mismos costes.

Todo cuenta.

La convocatoria tiene una fecha límite clara, el 15 de octubre de 2026, pero los fondos podrían agotarse antes. Si el dinero se acaba, la ventanilla se cierra inmediatamente.

Recuerda que estas son ayudas de minimis, lo que significa que el total de subvenciones de este tipo recibidas por tu empresa no puede superar los 50.000,00 € en el cómputo de tres ejercicios fiscales. Si has recibido otros apoyos de esta naturaleza, tenlo presente antes de tramitar la petición.

El Servicio de Sanidad Animal es el encargado de dar el visto bueno a los expedientes. Una vez resuelta la concesión, el pago se hará efectivo tras comprobar que estás al corriente de tus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Si tu solicitud se queda en el aire por falta de resolución expresa, el plazo máximo que tiene la administración para responder es de seis meses. Pasado ese tiempo, se entiende desestimada por silencio administrativo, un detalle técnico que conviene tener muy presente para evitar sorpresas.