Educación reorganiza su poder de firma en los contratos y las becas
El Departament d'Educació reajusta sus competencias internas para agilizar la contratación y la gestión de ayudas. Descubre cómo se reparten ahora los umbrales de gasto y quién tiene la firma en los expedientes.
El Departament d'Educació i Formació Profesional ha reorganizado su engranaje interno, repartiendo el poder de firma y contratación para que el día a día no se atasque en los despachos superiores. La consejera Esther Niubó Cidoncha ha firmado una nueva resolución que redefine quién autoriza qué y, sobre todo, quién tiene la última palabra en los contratos y las becas.
Datos clave
- En vigor
- 8 de octubre de 2026
- Contratos
- Secretaría general firma más de 300.000 €
- Contratos medios
- Dirección de servicios 15.000 € a 300.000 €
- Becas
- Gestión centralizada en Atención a la Comunidad Educativa
Todo cambia.
Los secretarios generales y sectoriales mantienen el mando para contratos superiores a 300.000 euros, pero la Dirección de Servicios asume ahora un papel central en las cuantías intermedias. Si el contrato cuesta entre 15.000 y 300.000 euros, será esta dirección la que autorice y disponga el gasto. Para los contratos menores, la red se extiende a las direcciones generales, simplificando la gestión cotidiana de suministros y servicios.
La delegación alcanza también las nóminas del personal docente en centros concertados, que pasan a ser gestionadas por su dirección general específica. Este cambio busca agilizar el pago delegado y la resolución de expedientes cuando un centro no cumple con lo estipulado en su concierto educativo.
En cuanto a las becas y ayudas al estudio, la Dirección General de Atención a la Comunidad Educativa se queda con las llaves de la regulación y la gestión. Esto incluye no solo las becas propias, sino también las transferencias a los consejos comarcales y al Área Metropolitana de Barcelona para los servicios de comedor y transporte escolar.
La protección de datos también se descentraliza para que las direcciones generales puedan resolver peticiones de derechos personales sin elevar cada trámite a la Secretaría General. Si el asunto es complejo y afecta a varias áreas, el poder de decisión vuelve al centro.
La resolución ya está en vigor y sustituye a la anterior, publicada en agosto. Los expedientes que ya estaban en marcha siguen su curso bajo la tutela de quienes los empezaron, evitando así el caos burocrático de un cambio de manos a mitad de camino. La administración se ajusta los tornillos para funcionar mejor.
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