9 millones para que entidades sociales contraten a personas vulnerables

Nueve millones de euros salen esta semana de las arcas del Servicio Público de Empleo de Catalunya para reactivar a quienes tienen el camino al mercado laboral más empedrado. El programa Trabajo y Formación ha lanzado su convocatoria de 2026, y busca entidades sin ánimo de lucro que tengan el músculo y el arraigo suficientes para convertir subvenciones en contratos reales para colectivos vulnerables.

La inyección total alcanza los 9.000.000,00 €, una cifra que se reparte bajo criterios de concurrencia competitiva. Las entidades que aspiren a estos fondos deben presentar proyectos que combinen tres pilares: contratación laboral, formación transversal y un acompañamiento técnico que no pierda de vista las necesidades individuales de cada participante.

El programa pone la lupa en personas que llevan tiempo fuera de juego. Los colectivos prioritarios son quienes sufren desempleo de larga duración, mujeres en situaciones de vulnerabilidad o violencia machista, personas trans y migrantes extracomunitarios. Para ellos, el objetivo es conseguir un contrato de doce meses a jornada completa que, además de experiencia, incluya formación específica.

Las cuantías por contratación varían según el grupo de cotización: para los grupos 3 al 7, el módulo para una contratación de un año se eleva a 37.849,44 €. En el caso de los grupos 8 al 11, la ayuda asciende a 28.905,48 €. Además, se financian módulos de formación y horas de acompañamiento técnico a razón de 24,43 € por hora.

Las solicitudes se presentan de forma telemática a través de la sede electrónica de la Generalitat, buscando el trámite TRFO – ESAL. El plazo para entrar en la lista es breve: termina el 15 de septiembre de 2026 a las 15.00 horas.

La competencia es alta. Los proyectos se valorarán hasta un máximo de 100 puntos, siendo 50 el corte mínimo para entrar en la terna. El criterio con más peso es la descripción de la implementación del proyecto, que puede otorgar hasta la mitad de la puntuación total. Las entidades que se queden en la horquilla de entre 50 y 59 puntos sufrirán una reducción automática del 50 por ciento en el número de contratos a otorgar.

Si el presupuesto se agota, hay una lista de reserva. La transparencia es la norma en este proceso: todas las resoluciones se publicarán en el tablón electrónico de la Generalitat, sustituyendo a cualquier comunicación individual. Las actividades que se logren financiar deben estar en marcha poco después de la resolución y tienen un horizonte de finalización fijado el 31 de marzo de 2028.

El sistema es exigente con la justificación. Las entidades beneficiarias deberán certificar cada paso mediante la herramienta GIA, desde la selección de participantes hasta los seguros de accidentes, que deben cubrir capitales de 23.432,25 € por muerte y 46.864,52 € por invalidez.

Los papeles deben estar en orden.