Vía libre a la fibra óptica en Tarragona, Lleida, Girona y el Pirineu

El despliegue de la fibra óptica en diversas comarcas catalanas ha entrado en una fase de máxima urgencia. El Gobierno de la Generalitat ha declarado la ocupación inmediata de los terrenos y derechos necesarios para completar cuatro proyectos estratégicos de conectividad, buscando evitar que los trabajos de obra civil se topen con la cruda realidad del invierno en alta montaña o con la temporada alta de servicios en otras zonas del territorio.

La decisión, formalizada en el último acuerdo de gobierno del 28 de julio, afecta a varios puntos clave. Se incluyen las obras de las torres en La Molina y en el Alt Pirineu i Aran, concretamente en los tramos entre Alins y Àreu. También se ven implicadas las canalizaciones en la demarcación de Tarragona y en la plana de Lleida, en los tramos de Talladell, Cervera, Passanant, Blancafort y Els Omells de na Gaia II. Por último, la resolución alcanza al despliegue en canalizaciones de la Diputación de Girona, que abarca una larga lista de tramos, desde Bordils hasta Amer.

La urgencia se justifica por la necesidad de conectar las torres de telecomunicaciones de la Generalitat a la red pública. El objetivo es reforzar la cobertura de servicios esenciales, como la radio corporativa y la telefonía móvil, aprovechando la infraestructura de fibra para mejorar la conectividad en zonas donde la orografía o la demanda estacional complican las intervenciones. El procedimiento, excepcional según la Ley de Expropiación Forzosa, permite ocupar los bienes de inmediato tras haber retenido ya el crédito necesario para el futuro pago del justiprecio.

La tramitación ha sido larga. Se han realizado exposiciones públicas previas para los distintos proyectos durante la primavera de 2026, con notificaciones directas a las personas interesadas. En el caso del proyecto del Alt Pirineu, el expediente incluso incorporó una alegación reciente, presentada el 2 de junio, que obligó a actualizar la titularidad de una parcela a nombre de Regina y Maria Juana Picart Ros.

La maquinaria ya está en marcha. El procedimiento pone fin a la vía administrativa, aunque todavía existe la posibilidad de interponer un recurso de reposición ante el Gobierno en el plazo de un mes. Alternativamente, los afectados pueden acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en un periodo de dos meses. El proceso es firme.