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El nuevo Plan de Pueblos para municipios catalanes de cara a 2027

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La Generalitat pone en marcha una estrategia para frenar la pérdida de población en los municipios pequeños. Habrá cuatro convocatorias de ayudas entre 2027 y 2030.

Los municipios de menor dimensión de Cataluña tienen a la vista una nueva herramienta para intentar frenar el estancamiento y la pérdida de población. El Gobierno ha aprobado el Plan de Pueblos, una estrategia que busca volcar recursos en actuaciones integrales que van desde la rehabilitación de vivienda hasta la mejora de espacios públicos o la dinamización económica local.

Datos clave

Beneficiarios
Municipios < 5.000 hab. y entidades locales
Convocatorias
Anuales, de 2027 a 2030
Ámbito
Revitalización urbana y desarrollo local

Es una apuesta de largo recorrido. El plan se materializará a través de cuatro convocatorias sucesivas, previstas para los años 2027, 2028, 2029 y 2030.

El acceso a estos fondos estará reservado fundamentalmente para municipios de menos de 5.000 habitantes y entidades municipales descentralizadas. Las bases reguladoras podrán abrir la puerta también a las capitales de comarca con menos de 15.000 habitantes, ajustándose al objetivo de reequilibrar el territorio.

La Generalitat busca proyectos maduros y de impacto estructural. El Departamento de la Presidencia se encargará de coordinar estas ayudas con otros instrumentos ya existentes, como el Plan Único de Obras y Servicios de Cataluña, para evitar que una misma actuación reciba financiación por partida doble.

El plan no reparte dinero de forma automática. La dotación económica exacta de cada una de las cuatro convocatorias se determinará en sus respectivas resoluciones, condicionada siempre a la existencia de crédito presupuestario adecuado.

La norma da ahora el pistoletazo de salida al trabajo administrativo. La Secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con Aran deberá redactar las bases que establecerán los requisitos, las intensidades de ayuda y los criterios de valoración para optar a los fondos.

La intención es que los entes locales vayan preparando sus propuestas con antelación suficiente. Se priorizarán los proyectos que demuestren viabilidad jurídica y económica, así como aquellos que contribuyan con más fuerza a la cohesión social.

La burocracia será sencilla. El despliegue se articula mediante una única línea de subvenciones, aunque el articulado permite diferenciar ámbitos y tipos de actuación según la naturaleza de cada proyecto.

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