Guadalmez estrena su protocolo contra el acoso en el trabajo

El Ayuntamiento de Guadalmez cuenta desde esta semana con un protocolo actualizado para prevenir y, en caso necesario, actuar frente a cualquier forma de acoso en el entorno laboral. El texto define con claridad qué conductas se consideran acoso sexual, por razón de sexo o por orientación sexual, marcando una línea roja que afecta a toda la plantilla, cargos electos y personal directivo, sin importar su tipo de contrato.

La normativa municipal establece un procedimiento claro con dos vías de actuación. El camino informal, que busca la mediación y una resolución rápida de los conflictos, y la vía formal, reservada para situaciones de mayor gravedad donde se aprecien indicios claros de acoso. El proceso asegura la confidencialidad de todas las personas involucradas mediante la asignación de un código numérico para cada denuncia.

Las denuncias no podrán ser anónimas y deberán ser ratificadas por escrito. Una vez presentada, la Asesoría Confidencial será la encargada de realizar un primer análisis de los hechos, con el objetivo de determinar si se debe iniciar un procedimiento o archivar el caso. En situaciones donde existan indicios probados, el Comité de Asesoramiento asumirá la investigación, pudiendo proponer medidas cautelares para proteger a la víctima.

Las garantías del procedimiento incluyen la imparcialidad absoluta y la prohibición expresa de represalias contra quienes denuncien o participen como testigos en una investigación. La normativa advierte que las denuncias presentadas de forma intencionadamente falsa para causar un perjuicio injustificado también serán sancionadas según lo previsto en el estatuto básico del empleado público.

El documento dedica varios anexos a facilitar la tarea. Incluye desde un modelo de denuncia detallado hasta una lista de conductas reprobables, que van desde abusos verbales o el uso de imágenes inapropiadas en el lugar de trabajo hasta la vigilancia extrema o las descalificaciones públicas por razón de género. La vigencia de este protocolo se ha fijado en cuatro años desde su aprobación.