Luz verde a las baterías del parque solar en Alcázar de San Juan

El parque fotovoltaico de Alcázar de San Juan da un paso hacia su modernización. El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido la autorización administrativa previa para que la planta FV Alcázar 1 incorpore un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, conocido como BESS Alcázar 1. La infraestructura permitirá hibridar la actual producción solar con una capacidad de carga adicional.

El proyecto, impulsado por la mercantil Planta Solar Alcázar 1, suma 16,44 megavatios de potencia instalada a los 45 megavatios que ya tiene la planta fotovoltaica en funcionamiento. Con este movimiento, la instalación híbrida alcanzará una potencia total de 61,44 megavatios. La resolución detalla que el sistema se basa en tecnología de ion-litio y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 32,875 megavatios hora.

La instalación de estas baterías, que ocupan el equivalente a dos horas de autonomía, es la pieza clave del nuevo diseño. Se han integrado 65.856 celdas prismáticas y nueve inversores de alta capacidad, protegidos bajo estrictas medidas de seguridad. El promotor debe, además, garantizar que cualquier riesgo de fuga o incendio esté controlado mediante sistemas de alerta y respuesta inmediata.

La evacuación de la energía se realizará a través de la subestación Carroyuelas, propiedad de Red Eléctrica de España, empleando una infraestructura que incluye líneas subterráneas de 30 kilovoltios y centros de seccionamiento dedicados. El informe técnico subraya que esta autorización no es el último escalón: el promotor tiene ahora un plazo de tres meses para solicitar la autorización de construcción definitiva, justificando que las condiciones impuestas no alteran la potencia declarada.

Si el promotor agota este plazo de noventa días sin presentar el proyecto de ejecución o la documentación técnica exigida, la autorización caducará. El documento especifica que la falta de acuerdo sobre el reparto de responsabilidades en las infraestructuras comunes de evacuación obliga a aplicar un reparto proporcional a la capacidad de acceso concedida.

El visto bueno ministerial llega tras un largo proceso administrativo iniciado en noviembre de 2023. La tramitación ha incluido consultas ambientales y de seguridad que han terminado, según consta en la ficha, con la conformidad del promotor ante los requerimientos recibidos. La resolución no agota la vía administrativa y admite recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía en el plazo de un mes.