2 millones de euros para obras y equipamiento en pueblos extremeños
La Junta de Extremadura abre una línea de 2 millones de euros para mejorar edificios y equipamientos municipales en localidades de menos de 20.000 habitantes. El plazo es de un mes.
Los ayuntamientos y entidades locales menores de Extremadura tienen vía libre para pedir una nueva línea de ayudas destinada a renovar sus instalaciones y equipamientos públicos. La Junta ha publicado las bases reguladoras y la primera convocatoria de esta iniciativa, que cuenta con una dotación global de 2.000.000 de euros para el ejercicio actual y el próximo, repartida a partes iguales entre 2026 y 2027.
Datos clave
- Plazo
- Hasta el 21 de noviembre de 2026
- Beneficiario
- Ayuntamientos y entidades locales menores de menos de 20.000 habitantes
- Cuantía
- Hasta 30.000 € por entidad
- Cómo solicitar
- Sede electrónica de la Junta
La ayuda busca cubrir necesidades básicas en municipios de menos de 20.000 habitantes, reconociendo que la capacidad financiera y técnica de las entidades más pequeñas es, a menudo, limitada. Por eso, el decreto opta por un procedimiento de concesión directa en convocatoria abierta: el dinero se reparte conforme se solicita, siempre que haya crédito disponible y se cumplan los requisitos, sin entrar en una batalla competitiva de proyectos.
Cada entidad puede recibir hasta 30.000 euros, cubriendo el 100 por cien del coste elegible de su actuación. Esto permite financiar desde maquinaria y mobiliario hasta obras de reforma en edificios municipales, siempre que el equipamiento tenga una vida útil superior a un año y no sea para consumo inmediato.
El plazo para presentar las solicitudes es de un mes natural a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura, lo que sitúa la fecha límite en el 21 de noviembre de 2026. Todo el trámite es electrónico a través de la sede de la Junta, y se requiere certificado digital para la firma de los documentos.
La normativa excluye gastos como impuestos recuperables, intereses bancarios, indemnizaciones o la compra de terrenos. Además, es indispensable estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los proyectos aprobados deberán ejecutarse y justificarse en un periodo de entre seis y 18 meses tras la concesión.
Como novedad, la Junta recalca que no se busca la sofisticación técnica, sino la utilidad real para los servicios públicos locales. La evaluación de estas solicitudes servirá, además, para que la administración regional identifique las necesidades reales de los pueblos y mejore futuras convocatorias.
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