Ayudas para las Agrupaciones de Defensa Sanitaria en Extremadura 2026

Las agrupaciones de defensa sanitaria de Extremadura, tanto las ganaderas como las apícolas, tienen desde esta semana una nueva oportunidad para financiar sus programas de salud animal. La Junta ha activado una convocatoria anual que cuenta con un presupuesto total de 1.500.000 euros, repartido en diferentes líneas de actuación que van desde la prevención hasta la erradicación de enfermedades.

El sistema es de concurrencia competitiva, lo que significa que no basta con presentar los papeles, sino que cada agrupación competirá por la puntuación más alta. El baremo valora el número de explotaciones, la carga ganadera, el personal veterinario técnico y, con un peso específico importante, la promoción de la igualdad de género en las juntas directivas y la titularidad compartida de las explotaciones.

Para participar, la solicitud debe presentarse de manera telemática a través de la plataforma Arado de la Junta de Extremadura. La convocatoria tiene una vigencia de un mes, por lo que el contador corre desde el día siguiente a la publicación oficial en el Diario Oficial de Extremadura del pasado 6 de agosto.

Las cuantías unitarias varían según la actividad concreta que se realice. Se pagan, por ejemplo, 40 euros por explotación en programas sanitarios específicos, 500 euros si se trabaja en la lucha contra la brucelosis porcina o el síndrome respiratorio porcino, o cantidades variables según el censo en enfermedades como la tembladera ovina o la Rinotraqueítis Infecciosa Bovina. Existe, además, un límite máximo de ayuda de 15.000 euros por agrupación.

Un detalle importante: la Administración podrá ajustar los importes si los datos presentados por las ADS no coinciden con sus registros oficiales, a menos que la agrupación demuestre la veracidad de su información. El pago de estas ayudas busca cubrir las actividades realizadas entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026.

La gestión técnica recae en el Servicio de Sanidad Animal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería. Si la solicitud no recibe respuesta en un plazo máximo de seis meses, se entenderá desestimada por silencio administrativo. La valoración final correrá a cargo de una comisión específica formada por tres técnicos de la Consejería.