Utilidad pública para la planta solar CSF Arco I en Malpartida
La instalación fotovoltaica CSF Arco I obtiene la declaración de utilidad pública tras superar los trámites administrativos. El proyecto supone una inversión de 28,8 millones de euros.
El proyecto fotovoltaico CSF Arco I, que se extenderá por Malpartida de Cáceres y alcanzará hasta la subestación de Cáceres, ha recibido luz verde definitiva tras la resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Esta declaración de utilidad pública no solo autoriza el funcionamiento de la instalación, sino que habilita el mecanismo de expropiación forzosa para los terrenos afectados por su infraestructura de evacuación.
Datos clave
- Inversión
- 28.834.344,93 €
- Potencia
- 45.120 kW
- Ubicación
- Malpartida de Cáceres
- Recurso
- 1 mes ante la Consejería
La planta, que contará con una potencia instalada de 45.120 kW, se ubicará en el polígono 1 de Malpartida de Cáceres. Su sistema de control limitará la inyección de potencia a la red a un máximo de 42.500 kW, asegurando que la infraestructura eléctrica se mantenga dentro de los parámetros técnicos exigidos por el sector.
El despliegue de las líneas de evacuación de 45 kV, con un recorrido de algo más de 19,5 kilómetros, afectará a decenas de parcelas en los términos municipales de Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres y Cáceres. El presupuesto total de ejecución material del proyecto asciende a 28.834.344,93 euros.
El expediente no ha estado exento de observaciones durante su tramitación pública. Varios propietarios presentaron alegaciones que han sido contestadas y valoradas por el promotor y la administración. Tras el trámite de audiencia, el proceso concluye con la confirmación de las afecciones necesarias para llevar a cabo la obra.
La declaración lleva implícita la necesidad de ocupación urgente de los bienes y derechos detallados en el anexo de la resolución. Las empresas promotoras, Gandasolar 16, tienen ahora el camino despejado para continuar con la ejecución de los trabajos bajo los condicionados establecidos por las administraciones competentes.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio. El plazo para presentar dicho recurso es de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación oficial de este acto administrativo.
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