Reforma eléctrica en la subestación de Guareña: luz verde ambiental
La Junta de Extremadura autoriza la renovación de las líneas de la subestación de Guareña, un proyecto que busca mejorar la calidad del suministro con nuevas medidas de protección para el cernícalo primilla.
Los vecinos de Guareña que dependen de la subestación local notarán pronto una mejora en la estabilidad del servicio eléctrico. La Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal ha dado luz verde al proyecto de Hijos de Jacinto Guillén Distribuidora Eléctrica, que reformará los tendidos aéreos y subterráneos de salida de la infraestructura para optimizar el suministro en el municipio.
Datos clave
- Promotora
- Hijos de Jacinto Guillén Distribuidora Eléctrica, SLU
- Ubicación
- Polígonos 507 y 511 de Guareña
- Vigencia
- 4 años para autorización del proyecto
La obra, centrada en la STR Guareña, no requerirá una evaluación de impacto ambiental ordinaria al considerar la administración que sus efectos son compatibles con el entorno. La actuación se desarrollará fundamentalmente en las parcelas 70 y 74 del polígono 511, además de la parcela 121 del polígono 507.
El plan de trabajo es preciso y concreto. Se eliminarán varios tramos aéreos antiguos para sustituirlos por trazados modernos, incluyendo 102,28 metros nuevos para la línea de Villagonzalo y 146,70 metros para la de Las Gamitas. En total, se instalarán cuatro nuevos apoyos metálicos galvanizados en caliente.
La proximidad a la zona de campeo del cernícalo primilla ha obligado a incluir medidas técnicas adicionales. Los apoyos contarán con sistemas anticolisión y antielectrocución, instalando dispositivos señalizadores tipo aspas giratorias cada 10 metros en los conductores, una medida clave para proteger a esta especie sensible.
El proyecto cruza la vía pecuaria Colada de enlace alrededor de Guareña, aunque el informe señala que, ante la falta de un deslinde oficial, no se puede determinar aún una afección directa. En cuanto al cauce del arroyo de Guareña, las obras respetan la servidumbre legal, aunque buena parte de los trabajos se sitúan en zona de policía, lo que obligará a la promotora a gestionar las autorizaciones correspondientes ante el organismo de cuenca.
La empresa tiene ahora un plazo máximo de cuatro años para obtener la autorización definitiva del proyecto. Pasado ese tiempo, el informe de impacto ambiental perderá su vigencia. Si durante los trabajos aparecen restos arqueológicos, la promotora deberá paralizar todo en el acto y avisar a la Consejería de Cultura en menos de 48 horas.
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