Nueve entidades extremeñas reciben fondos contra la violencia de género

Nueve asociaciones extremeñas han recibido esta semana el respaldo de la Junta para sus proyectos de sensibilización contra la violencia de género, una resolución que marca el cierre de una convocatoria marcada por la alta participación y un reparto de fondos que supera los 200.000 euros. Las ayudas, financiadas a través del Pacto de Estado, buscan sostener iniciativas que van desde la formación en entornos digitales hasta la prevención en el mundo rural.

El importe total de las subvenciones concedidas asciende a 203.528,92 euros, repartidos en un pago único anticipado. Los proyectos seleccionados, todos ellos centrados en la sensibilización y prevención, abarcan realidades diversas: desde la atención a mujeres gitanas hasta el trabajo específico con mujeres autónomas o en zonas rurales.

Las cifras varían según el alcance de cada iniciativa. Las cuantías más elevadas alcanzan los 30.000 euros, como es el caso de los proyectos presentados por las entidades Extremadura Entiende y Mujeres Libres Mujeres en Paz. En el extremo opuesto, la asociación Adhex recibe 9.600 euros para su labor con jóvenes, ajustándose con precisión al presupuesto aceptado.

El proceso ha sido competitivo, y no todas las solicitudes han logrado el visto bueno. De las quince entidades que presentaron su candidatura, cinco han sido inadmitidas por no reunir los requisitos exigidos en las bases reguladoras. Entre las causas de exclusión, el expediente detalla incumplimientos formales en los requisitos que toda entidad beneficiaria debe cumplir desde el inicio.

Una renuncia ha marcado el tramo final del procedimiento. La Asociación Romis Calis Camelan Naquerar, que inicialmente había obtenido una propuesta por importe de 27.533,56 euros para su proyecto sobre sororidad entre primas, comunicó oficialmente su renuncia a la subvención el pasado 6 de octubre.

Las entidades beneficiarias tienen ahora obligaciones claras para mantener la ayuda. Deben justificar la totalidad del gasto realizado en un plazo máximo de tres meses tras finalizar sus actividades, incluyendo una memoria económica y la justificación de que han cumplido con las medidas de publicidad exigidas por la normativa autonómica.

Cualquier modificación o desviación en el uso de los fondos debe ser comunicada con antelación a la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Si el proyecto se desarrolla en la sede de la entidad, el gasto máximo imputable a alquileres y suministros como coste indirecto se limita al 5 por ciento del total.

Contra esta resolución, que ya agota la vía administrativa, las entidades interesadas aún pueden interponer un recurso de reposición en el plazo de un mes. Las beneficiarias tienen, además, diez días desde la publicación para formalizar su aceptación expresa de las condiciones.