30 entidades reciben 578.226 € para combatir las adicciones en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud ha cerrado el reparto de 578.226 € destinados a financiar el trabajo de las entidades sociales que pelean contra las adicciones en la comunidad. La resolución, firmada el 1 de octubre, confirma el apoyo foral para decenas de programas que van desde la rehabilitación del alcoholismo hasta la atención a ludópatas.

El fondo se ha repartido mediante un sistema de concurrencia competitiva que premia la trayectoria. Las entidades mejor puntuadas han conseguido el 100 por cien de lo que pedían, mientras que las que obtuvieron entre 10 y 22 puntos han recibido el 90 por ciento de su presupuesto solicitado. El corte era claro: menos de 10 puntos, fuera de la convocatoria.

Treinta entidades han visto sus proyectos aprobados en el Anexo I, con cifras que varían notablemente según la complejidad de la intervención. Los centros de día son los que reciben la mayor financiación unitaria, alcanzando los 29.000 € en casos como el de Adat, Afaval o Mensajeros de la Paz. Por el contrario, hay programas más modestos como el de la Asociación Apadyrs, que recibe 9.311,70 € para su proyecto de horticultura ecológica en comunidad terapéutica.

No todo han sido buenas noticias. Tres asociaciones han quedado fuera del reparto definitivo. Dos de ellas, Asociación Peniel y Asoc Lamar, se quedaron por debajo de la puntuación mínima exigida. La tercera, Escuela de Naturaleza, Montaña y Aire Libre Geo 2, fue excluida al considerar que su programa no se ajustaba al objeto de la subvención, tal y como recoge el artículo 1.1 del decreto.

La transparencia es una obligación. Todas las entidades que han recibido fondos deben hacer constar el apoyo de la Junta de Extremadura y el Servicio Extremeño de Salud en cualquier memoria o publicación que difundan sobre sus actividades. El dinero ya está asignado.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante la Dirección Gerencia en el plazo de un mes, o acudir a la vía contencioso-administrativa ante los juzgados de Mérida en un plazo de dos meses desde la publicación. Para las 30 entidades beneficiarias, el trabajo de campo empieza ahora.