Convenio con Caixabank para los préstamos a afectados por incendios
La Junta de Extremadura y Caixabank formalizan el convenio para gestionar la bonificación de intereses en préstamos de circulante para explotaciones agrarias y ganaderas que sufrieron incendios el verano de 2025.
El campo extremeño y los ganaderos que sufrieron el azote de los incendios durante el verano de 2025 cuentan desde esta semana con una herramienta de gestión financiera formalizada. La Junta de Extremadura y Caixabank han dado publicidad al convenio para gestionar la bonificación de intereses en préstamos de circulante, una ayuda que nace directamente del Decreto-ley 5/2025 para aliviar la asfixia económica tras la catástrofe forestal.
Datos clave
- Entidad
- Caixabank, SA
- Finalidad
- Bonificación de intereses de préstamos
- Sectores
- Agrícola y ganadería extensiva
- Base legal
- Decreto-ley 5/2025
El acuerdo detalla cómo funcionará el mecanismo en la práctica diaria. El banco se compromete a destinar recursos financieros a los titulares de explotaciones de cerezo, olivar y castaño frutal, además de a los responsables de ganadería extensiva, ya sea bovina, ovina, caprina, porcina, equina o apícola.
Todo está listo.
El convenio, suscrito el pasado 4 de noviembre de 2025, tiene una particularidad clave: no implica una asignación presupuestaria nueva para la Consejería de Agricultura. Su función es puramente instrumental. El banco actúa como entidad colaboradora, verificando que los solicitantes cumplen los requisitos del Decreto-ley 5/2025, tramitando las solicitudes mediante la plataforma ARADO y presentando las certificaciones de liquidación de intereses ante el órgano instructor.
La entidad financiera tendrá que abrir una cuenta especial exclusiva para mover estos fondos públicos. El plazo para que el banco realice el abono en las cuentas de los beneficiarios, una vez recibida la subvención, es de quince días hábiles. La misma celeridad se le exige para remitir los certificados que acrediten la efectividad de cada pago.
El documento incluye un anexo extenso sobre la protección de datos personales. Ambas partes actúan como corresponsables en el tratamiento de la información sensible, desde los nombres de los solicitantes hasta sus historiales de créditos e hipotecas. Se prohíbe terminantemente el uso de estos ordenadores para fines particulares.
La vigencia del convenio se extenderá hasta que se realice el último pago de la liquidación anual de intereses subvencionados. Si alguna de las partes incumple sus obligaciones, se prevé un requerimiento formal con un plazo de seis meses para subsanar los errores antes de que la resolución sea definitiva. El campo, en fin, ya tiene la maquinaria de gestión a punto.
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