Banca Pueyo y la Junta sellan el convenio para los préstamos agrarios
La Consejería de Agricultura y Banca Pueyo cierran un acuerdo para gestionar las ayudas a los préstamos de los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de 2025.
Los titulares de explotaciones afectadas por los incendios de 2025 en Extremadura tienen un nuevo aliado en su gestión bancaria. La Consejería de Agricultura y Banca Pueyo han formalizado un convenio para agilizar la bonificación de intereses en los préstamos destinados a recuperar la actividad en el campo extremeño.
Datos clave
- Entidad
- Banca Pueyo, SA
- Finalidad
- Bonificación de intereses por incendios
- Plazo pago
- 15 días hábiles tras recibir fondos
- Vigencia
- Hasta la última liquidación de intereses
El acuerdo establece un marco de colaboración técnica entre la Junta y la entidad financiera. Banca Pueyo se compromete a tramitar las solicitudes y a verificar que los beneficiarios cumplen con los requisitos marcados en el decreto de ayudas extraordinarias, asegurando que el proceso sea directo y transparente.
La entidad financiera se encargará de gestionar el pago de los intereses bonificados desde una cuenta especial. Esto implica que, tras recibir los fondos públicos, el banco tiene un máximo de 15 días hábiles para abonarlos en la cuenta de cada beneficiario.
La transparencia es total. La Consejería realizará actuaciones de control sobre la gestión de la entidad, que deberá presentar certificaciones anuales justificando que el dinero llega a quienes realmente han soportado el coste de los intereses.
El convenio también incluye un estricto protocolo de protección de datos personales. Ambas partes actuarán como corresponsables en el tratamiento de la información necesaria para gestionar estas ayudas, blindando la privacidad de los solicitantes en cada paso del proceso.
La vigencia del acuerdo es clara. El convenio se mantendrá operativo hasta que se realice el pago de la última liquidación anual de los intereses subvencionados, asegurando que nadie quede desatendido durante el periodo de recuperación de su explotación.
Si surge cualquier discrepancia técnica, el convenio prevé su resolución en una comisión de seguimiento. Si el conflicto persiste, la vía judicial contencioso-administrativa será la encargada de dictar sentencia.
Este paso administrativo garantiza la agilidad operativa que el campo necesita.
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