La Junta y la UEx renuevan la vigilancia del radón hasta 2027
La Consejería de Hacienda y la Universidad de Extremadura prorrogan su convenio para medir la presencia de radón en centros públicos. El acuerdo supone una inversión de 9.000 € y se prolongará durante un año más.
El gas radón es un inquilino invisible y silencioso que a veces se acomoda en los centros de trabajo. La Junta de Extremadura y la Universidad de Extremadura han renovado su convenio para seguir controlando su presencia en las instalaciones públicas mediante una cuarta adenda que extiende la colaboración hasta septiembre de 2027.
Datos clave
- Importe total
- 9.000 €
- Vigencia
- Hasta el 4 de septiembre de 2027
- Pagos previstos
- 4.500 € el 15 de enero y el 15 de julio de 2027
El acuerdo implica una aportación económica de 9.000 € por parte de la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social. Esta cantidad busca compensar los costes operativos que asume la institución académica, cuya labor es fundamental para garantizar que los niveles de radiación se mantengan dentro de los estándares legales de seguridad laboral.
La Universidad desplegará dos sistemas de medición. Por un lado, utilizarán 100 medidores pasivos CR-39 cada semestre. Estos dispositivos, basados en láminas de policarbonato, son los encargados de captar la concentración del gas en el ambiente. Por otro, emplearán monitores en continuo durante 15 días en cada periodo, lo que permite obtener registros temporales detallados con gran precisión.
El calendario de pagos se ha dividido en dos plazos idénticos de 4.500 € cada uno. El primero se abonará el 15 de enero de 2027 y el segundo, el 15 de julio de ese mismo año. Para liberar estos fondos, la Universidad deberá presentar las correspondientes certificaciones que acrediten que el 50 por ciento de las actividades se han ejecutado correctamente.
La vigilancia es constante. Los datos obtenidos se someterán a los sistemas Radobath y Radometer para emitir los informes técnicos de ensayo necesarios. De la cuantía total, la Universidad retendrá un 10 por ciento en concepto de costes indirectos, según sus estatutos internos.
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