Luz verde para la planta de baterías Ebro Energy en O Rosal
La Xunta autoriza la construcción de una planta de almacenamiento de energía en O Rosal que contará con 18 MWh de capacidad y una inversión millonaria.
El municipio de O Rosal sumará en breve una instalación de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala. La Xunta ha dado luz verde definitiva a la autorización administrativa previa y de construcción para el proyecto denominado Ebro Energy O Rosal, una planta de baterías que ya cuenta con el visto bueno ambiental y los derechos de conexión a la red de distribución eléctrica.
Datos clave
- Presupuesto
- 4.674.515,90 €
- Capacidad
- 4,5 MW y 18 MWh
- Plazo puesta en marcha
- 1 año desde el último permiso
- Recurso
- 1 mes ante la Consellería
El proyecto, promovido por la sociedad O Rosal Almacenamiento, S.L.U., contará con una potencia máxima de 4,5 MW y una capacidad energética de 18 MWh. El presupuesto de ejecución material asciende a 4.674.515,90 €.
La instalación estará compuesta por cuatro contenedores de baterías de litio (tecnología LFP), apoyados por un transformador de 5.140 kVA. La energía se evacuará a través de una línea subterránea de media tensión, de unos 397 metros, que conectará la planta con la subestación de UFD Distribución Electricidad en la misma zona.
El camino hasta aquí no ha sido corto. Iniciado originalmente en mayo de 2024, el expediente pasó por varias modificaciones de ubicación y una transmisión de titularidad de Sens Ebro, S.L.U. a la actual promotora, resuelta finalmente en septiembre de 2026.
El visto bueno llega con deberes técnicos. Antes de arrancar las obras, la empresa deberá presentar un plan de vigilancia ambiental que detalle estudios de ruidos y campos electromagnéticos, así como la resolución favorable de Patrimonio Cultural.
El plazo máximo para que las baterías entren en servicio es de un año, a contar desde que la empresa obtenga el último permiso necesario para su construcción. Si ese plazo se supera sin actividad, la autorización caducará.
La resolución no pone fin a la vía administrativa. Quien se considere afectado tiene un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Consellería de Economía e Industria, contado a partir del día siguiente a la notificación del acto.
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