Luz verde a la nueva red eléctrica de UFD en Raxás, Bergondo
La Xunta autoriza la nueva línea y el centro de transformación para mejorar el suministro en Raxás, lo que conlleva la ocupación urgente de fincas privadas.
Los vecinos y propietarios del lugar de Raxás, en Bergondo, ven cómo el proyecto de mejora del suministro eléctrico de UFD Distribución Electricidad da un paso definitivo. La Xunta ha oficializado la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública de una obra que, aunque necesaria para la red, entraña la ocupación de terrenos privados.
Datos clave
- Plazo ejecución
- 2 años
- Promotor
- UFD Distribución Electricidad, S.A.
- Afectados
- 2 parcelas en Castro y San Paio
- Recurso
- 1 mes ante la Consellería
La intervención, denominada LMT, CT y RBT, implica la instalación de una nueva línea subterránea de 1.414 metros a 15 kV y un centro de transformación prefabricado de 160 kVA. El proyecto se centra en el entronque con la línea aérea existente BEG705, donde se sustituirá un apoyo por uno nuevo de tipo C-3000/14 que incluirá un reconectador.
El expediente identifica dos parcelas concretas afectadas por estas obras. La primera, en el paraje Castro, se ve impactada por la instalación del apoyo número 1, con una afección de 2 metros cuadrados en pleno dominio y una ocupación temporal de 460 metros cuadrados. Sus titulares son la Fundación Jiménez Cossío junto a Margarita Jiménez, Natalia Jiménez Fawcett, Alejandra Elena Jiménez Von Humboldt y Carolina Gabriela Jiménez Von Humboldt.
La segunda finca, situada en el paraje de San Paio, albergará el centro de transformación y su acceso. Aquí, la afección de suelo en pleno dominio asciende a 41,46 metros cuadrados. Esta parcela figura a nombre de Isidoro, Montserrat, María del Socorro, María Dolores y María Carmen Ponte Miramontes.
La resolución de la Dirección Territorial de A Coruña declara la urgente ocupación de estos bienes a efectos de expropiación forzosa. La empresa dispone ahora de dos años para ejecutar las obras, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Galicia.
No hubo alegaciones. El proyecto sigue su curso legal.
Quienes se consideren afectados tienen abierto un plazo de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Consellería de Economía e Industria, si bien esta vía no es definitiva.
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