Casi 1.000 funcionarios gallegos, excluidos de la carrera extraordinaria

Casi mil empleados públicos de la Xunta de Galicia han recibido esta semana una noticia que nadie quiere ver en el Diario Oficial de Galicia. El departamento de Empleo Público y Administración de Personal ha publicado la resolución definitiva que desestima las solicitudes de reconocimiento extraordinario de carrera administrativa de 959 funcionarios gallegos. Se cierra así, para estos profesionales, un procedimiento que arrancó a finales de 2025.

La lista, que ocupa una extensión inusualmente larga en el boletín oficial, detalla con precisión quirúrgica quiénes se quedan fuera y por qué razón. El sistema transitorio extraordinario, diseñado como un complemento adicional al complemento de destino, exigía unos requisitos de antigüedad y unos criterios de evaluación que, según la resolución, no han sido acreditados por los afectados.

El documento clasifica las denegaciones en dos grandes bloques. La causa número 1, la más frecuente con diferencia, se refiere a quienes no acreditan la antigüedad exigida para el grado al que aspiraban. La causa número 2 señala a quienes no han superado los criterios de evaluación necesarios para el grado solicitado. En muchos casos, los funcionarios aparecen marcados con ambas causas de forma simultánea.

Tras una fase previa de requerimientos individuales a través de la plataforma Notifica.gal, donde se concedieron diez días hábiles para subsanar deficiencias en la documentación, la administración ha optado por desestimar definitivamente estas 959 solicitudes. Los nombres propios y sus circunstancias, incluyendo el grado solicitado y el grupo al que pertenecen, quedan registrados en el extenso anexo publicado junto a la resolución.

Si eres uno de los afectados, la vía administrativa se da por finalizada con este anuncio. No obstante, conservas el derecho a interponer un recurso potestativo de reposición ante el conselleiro de Hacienda y Administración Pública en el plazo de un mes. Alternativamente, tienes la opción de recurrir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.