Ourense requiere limpiar dos parcelas en Pitón con riesgo de multas

El monte no espera, y el Ayuntamiento de Ourense ha decidido que es hora de poner orden en dos parcelas de Pitón que acumulan demasiada biomasa. El consistorio ha publicado un requerimiento oficial para que los propietarios actúen de inmediato, bajo la amenaza de multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

Los implicados son Ricardo Guimarey Ojea y los herederos de Rosa Fernández Fernández. Ambos figuran en el acta de inspección del 24 de junio de 2025, donde se constató el incumplimiento de las normas de prevención de incendios forestales vigentes en Galicia.

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Si no se despeja el terreno en ese plazo, que comienza a contar al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, la Administración tomará las riendas. El Ayuntamiento podrá entrar en la propiedad para realizar los trabajos de limpieza y retirada de especies arbóreas prohibidas, girando después la factura a los dueños.

La liquidación provisional de los costes de esta intervención forzosa ya está calculada. En el caso de la parcela asociada a Ricardo Guimarey Ojea, el coste estimado es de 126,84 €, mientras que para la de los herederos de Rosa Fernández Fernández la cifra asciende a 212,86 €.

Además del coste de la limpieza, el incumplimiento abre la puerta a un procedimiento sancionador. Las multas por este tipo de infracciones pueden ser leves, con una sanción máxima de 1.000 €, o mucho más graves si se catalogan de otra manera, llegando hasta los 100.000 € según la normativa de montes.

El Ayuntamiento advierte también que, llegado el caso, se procederá al decomiso de toda la madera resultante de la tala. La ejecución de estos trabajos podrá realizarse en cualquier momento durante los cuatro años posteriores al vencimiento del plazo actual.

La normativa es tajante sobre el acceso a los terrenos: los propietarios están obligados a facilitar la entrada a los operarios municipales. La única excepción contemplada es cuando la actuación afecte a espacios físicos que deban ser considerados domicilio constitucional.

Para evitar el proceso sancionador, la gestión debe ser completa. El texto íntegro con los detalles de esta comunicación se encuentra disponible en la sede electrónica municipal para las personas interesadas.