Requerimiento de limpieza forestal para 17 parcelas en Piñor
Ver las 70 ayudas abiertas en Galicia →El Ayuntamiento de Piñor insta a los titulares de 17 parcelas en A Corna a retirar biomasa y árboles prohibidos bajo amenaza de ejecución subsidiaria y multas.
El Ayuntamiento de Piñor ha vuelto a poner el foco en A Corna, donde varias parcelas siguen sin cumplir con la normativa de gestión de biomasa. Ante la imposibilidad de localizar a sus propietarios, el consistorio ha publicado este requerimiento formal para que se proceda a la limpieza de estas fincas y a la retirada de especies arbóreas prohibidas.
Datos clave
- Plazo
- 15 días naturales
- Multas coercitivas
- 900 € por hectárea (mínimo 100 €)
- Sanción máxima
- 100.000 € en infracciones graves
- Ubicación
- A Corna, Santa María do Desterro
La desidia tiene un precio y, sobre todo, un riesgo evidente para la seguridad de todos ante posibles incendios forestales. El documento oficial detalla hasta 17 referencias catastrales distintas en la zona de Santa María do Desterro, cada una con su correspondiente estimación de costes para una ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento.
Los importes de la liquidación provisional varían significativamente según la superficie afectada. Mientras que algunas fincas apenas requieren una inversión mínima, como los 11,02 euros previstos para una de las parcelas en el polígono 065, otras alcanzan cifras más elevadas, llegando a los 1.601,08 euros en el caso del expediente 2025/32062A06500479.
El requerimiento no admite dudas: los titulares tienen un plazo de 15 días naturales para realizar las labores de limpieza de forma voluntaria. Este periodo comienza a contar al día siguiente de la recepción de esta notificación, que se da por formalizada con la publicación de este anuncio en el boletín.
Si el incumplimiento persiste, el ayuntamiento advierte de que impondrá multas coercitivas reiteradas cada tres meses. Estas sanciones ascienden a 900 euros por hectárea no gestionada, con un mínimo de 100 euros independientemente del tamaño de la parcela.
La administración local se reserva el derecho de acceder a los terrenos para realizar los trabajos si los dueños no lo hacen. La ley permite esta ejecución subsidiaria incluso sin consentimiento expreso, excepto cuando se trate de un domicilio particular protegido por la Constitución.
El ayuntamiento liquidará los costes de estas actuaciones una vez finalizadas. Si no se actúa, el expediente avanza hacia un proceso sancionador que puede conllevar multas mucho más severas, que oscilan desde los 1.000 euros para las infracciones leves hasta los 100.000 euros si se consideran graves.
La madera talada de las especies prohibidas será decomisada cautelarmente por la administración. Es una medida drástica que busca asegurar que el riesgo de incendio se minimice antes de que llegue la próxima temporada de calor.
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