El concurso de traslados de la Xunta resuelve los destinos definitivos

La Xunta ha resuelto finalmente el concurso de traslados para diversos cuerpos y escalas de la Administración especial gallega, un proceso que afecta a más de un centenar de funcionarios. La resolución, publicada este 7 de julio de 2026, pone fin a un procedimiento iniciado en julio de 2025 tras valorar las reclamaciones presentadas sobre la puntuación provisional de méritos.

Hay cambios significativos en el mapa de destinos.

Catorce puestos han sido excluidos de esta adjudicación definitiva en cumplimiento de resoluciones judiciales previas, afectando a plazas de psicología, trabajo social, fisioterapia y enfermería en centros de A Coruña, Ourense, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vilagarcía de Arousa. El anexo I del documento detalla los códigos de estos puestos que se retiran del concurso.

El resto de las adjudicaciones, publicadas en el anexo II, son irrenunciables salvo que el funcionario obtenga otro destino mediante una convocatoria pública antes de que finalice el plazo posesorio. Los traslados se consideran voluntarios, por lo que no generan derecho a indemnización alguna por los gastos de cambio de destino.

La administración ha decidido diferir los plazos posesorios para los funcionarios que ocupan actualmente puestos adjudicados de forma provisional tras superar procesos selectivos anteriores. Esta medida busca asegurar la continuidad del servicio hasta que los nuevos adjudicatarios elijan su destino definitivo.

Belén Verea López de Guereñu figura como la única persona adjudicataria de oficio, tras no obtener plaza en el concurso, pasando a ocupar un puesto de psicología en Vigo conforme a lo establecido en la normativa de provisión de vacantes.

Si te encuentras entre los afectados, puedes consultar las respuestas a las reclamaciones en el portal web corporativo de la Xunta utilizando tu DNI y el código de reclamación. Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.