Marina Díaz y Sara Cardalda, nuevas funcionarias en Ribeira y Vilagarcía

Marina Díaz Rozamontes y Sara Cardalda Santamaría ya tienen destino fijo como funcionarias de carrera en los servicios comunes de tramitación de la Administración de Justicia en Galicia. Tras superar las pruebas selectivas de su oposición, la Dirección General de Justicia ha formalizado esta semana la adjudicación de sus plazas en los juzgados de Ribeira y Vilagarcía de Arousa.

El trámite implica un cambio inmediato en su situación profesional. Ambas disponen ahora de un plazo de 20 días hábiles para tomar posesión de sus respectivos puestos de trabajo, un periodo que comenzará a contar oficialmente el próximo 1 de septiembre de 2026.

Marina Díaz Rozamontes ocupará su plaza en el Servicio Común de Tramitación del TI de Ribeira, en la provincia de A Coruña. Por su parte, Sara Cardalda Santamaría se incorporará al Servicio Común de Tramitación del TI de Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

Para aquellas que ya trabajaran como funcionarias en otros cuerpos, la resolución establece mecanismos específicos para evitar vacíos en su continuidad laboral. Si optan por el nuevo puesto, podrán solicitar permisos retribuidos para realizar el traslado, con duraciones que varían según si hay cambio de localidad o si se desplazan desde fuera de la comunidad autónoma.

Las interinas que actualmente ocupen estas plazas cesarán de forma automática el mismo día en que las nuevas titulares tomen posesión de sus cargos. El proceso exige además la presentación del documento F1R para las actualizaciones necesarias en la nómina.

El compromiso de permanencia tiene letra pequeña. Salvo en los casos donde la adjudicación se realizó con carácter forzoso, las nuevas funcionarias no podrán participar en futuros concursos de traslados hasta haber cumplido dos años desde la fecha de esta resolución.

Las plazas que quedaron desiertas en esta convocatoria mantendrán su condición de tales por el momento. Podrían salir de nuevo a concurso o incluirse en futuras ofertas de empleo público, según determine la administración autonómica.

Contra esta resolución cabe recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes. También es posible interponer un recurso contencioso-administrativo ante el tribunal competente, en este caso en un periodo máximo de dos meses.