Lara Rodríguez Montero y Jorge Juan Suárez Fernández, nuevos destinos
Ver las 37 oposiciones abiertas en Galicia →Lara Rodríguez Montero y Jorge Juan Suárez Fernández consolidan su carrera en la Administración de Justicia gallega tras superar el turno de promoción interna.
Lara Rodríguez Montero y Jorge Juan Suárez Fernández ya tienen destino definitivo tras superar las pruebas de promoción interna para el cuerpo de tramitación procesal y administrativa. El Diario Oficial de Galicia ha formalizado este nombramiento que pone punto final a su proceso de acceso.
Datos clave
- Toma de posesión
- 20 días hábiles desde el 1 de septiembre
- Destino Lara
- Pontevedra (SCT TI Penal)
- Destino Jorge Juan
- A Coruña (SCT TI Civil y Mercantil)
Lara Rodríguez Montero ocupará su plaza en el Servicio Común de Tramitación de TI Penal de Pontevedra. Por su parte, Jorge Juan Suárez Fernández se incorporará al Servicio Común de TI de A Coruña, específicamente en el área de Civil, Familia, Infancia, Capacidad y Mercantil.
Ambos funcionarios deberán tomar posesión de sus nuevos cargos en los departamentos territoriales de la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. El plazo para formalizar este trámite administrativo arranca el 1 de septiembre de 2026 y se extiende durante 20 días hábiles.
Aquellos funcionarios que ya pertenecían a otros cuerpos, como gestión procesal o auxilio judicial, tienen la opción de solicitar excedencia voluntaria para asegurar la continuidad en su carrera profesional. La normativa también contempla permisos retribuidos de uno a tres días para quienes necesiten desplazarse para formalizar su toma de posesión.
Las plazas adjudicadas a estas personas supondrán el cese automático de los funcionarios interinos que las ocupaban hasta ahora. La resolución destaca que este destino conlleva una permanencia obligatoria, prohibiendo la participación en concursos de traslados durante los próximos dos años.
Si no estás de acuerdo con esta adjudicación, tienes vías para recurrir. Existe un recurso de reposición ante la propia Dirección General de Justicia en el plazo de un mes o, alternativamente, un contencioso-administrativo ante el tribunal competente en dos meses.
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