360.000 euros para la calidad alimentaria de 16 consejos gallegos

Dieciséis consejos reguladores de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de Galicia acaban de recibir un importante respaldo económico para sus programas de calidad. La Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria ha cerrado el reparto de una convocatoria que inyecta un total de 360.000 euros en el sector, una cifra resultante de un sistema de prorrateo necesario ante la alta demanda de solicitudes presentadas.

El reparto es desigual y refleja las necesidades específicas de cada entidad, desde los grandes presupuestos hasta intervenciones más modestas. Craega, el consejo de agricultura ecológica, lidera la lista con 56.242,36 euros. En el lado opuesto, el consejo de la IXP Castaña de Galicia recibe la partida más ajustada, con 712,55 euros.

La mayoría de las entidades, como los consejos de Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro, Monterrei, Queixo Tetilla, Mel de Galicia o Carne de Vacún de Galicia, han recibido una cuantía uniforme de 29.242,36 euros. Esta cifra común es el resultado de aplicar el prorrateo sobre las solicitudes que incluían gastos tanto vinculados a la acreditación como operativos ordinarios.

El proceso de adjudicación ha sido riguroso. Se ha concedido el 50 por ciento del gasto en aquellas actuaciones directamente relacionadas con la acreditación, mientras que el resto de los costes han sido ajustados mediante un porcentaje del 48,19 por ciento para encajarlos en la disponibilidad presupuestaria disponible. El esfuerzo administrativo de los consejos es evidente en la lista de gastos atendibles, que van desde analíticas de laboratorio hasta el mantenimiento de complejos sistemas informáticos o auditorías de la entidad nacional de acreditación (ENAC).

Cada euro debe justificarse. El plazo para presentar la documentación es el 15 de septiembre de 2026. Los consejos deben remitir memorias, nóminas, facturas y justificantes bancarios. No se admite error en la fecha.

Quien no justifique antes de ese día perderá el derecho al cobro. La resolución no pone fin a la vía administrativa. Existe un mes para presentar recurso de alzada ante la Presidencia de la Agencia, contado desde el día siguiente a la notificación oficial. La transparencia es la norma en este reparto foral.