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Veintiún investigadores gallegos logran ayudas para su posdoctorado 2026

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La Xunta resuelve la convocatoria de ayudas posdoctorales de 2026, asignando 21 plazas a entidades de investigación. Los contratos tienen fecha de inicio fija.

Veintiún investigadores han recibido luz verde para completar su etapa posdoctoral gracias a las ayudas de la Xunta para este 2026. La resolución, publicada esta semana, confirma el reparto de fondos entre las tres universidades del Sistema Universitario de Galicia y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela.

Datos clave

Plazo aceptación
10 días hábiles
Inicio contratos
31 de octubre de 2026
Total ayudas
21
Inversión total
3.290.700 €

El grueso del presupuesto se concentra en el ámbito académico. La Universidade de Santiago de Compostela lidera la lista con 12 beneficiarios, seguida por la de Vigo con 6 y la de A Coruña con 2. La única ayuda externa al sistema universitario recae en la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria, que contará con una plaza para continuar su labor investigadora.

Para los seleccionados, el paso siguiente es el formal. Las entidades deben enviar un escrito de aceptación a la Secretaría General de Universidades o a la Agencia Gallega de Innovación en un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la resolución. Las fechas importan.

La puesta en marcha de estas plazas tiene una cita marcada en el calendario: el 31 de octubre de 2026. Ese es el día de comienzo oficial para todos los contratos adjudicados en esta convocatoria, que se financiarán con cargo a los presupuestos autonómicos de este año y los sucesivos hasta 2029.

La competencia ha sido real. La evaluación, realizada por expertos ajenos al sistema gallego con el apoyo de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario, ha dejado también una lista de espera de seis personas. Si algún beneficiario renuncia, el turno correrá según el orden establecido.

Es un proceso cerrado. Las solicitudes que no aparecen en los anexos de la resolución se consideran denegadas, agotando ya la vía administrativa. El dinero ya estaba guardado.

Los beneficiarios deben ahora rubricar sus contratos. La normativa exige que las entidades beneficiarias presenten las justificaciones necesarias para garantizar el cobro, bajo el riesgo de tener que devolver los fondos en caso de incumplimiento. El detalle es estricto.

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