Cinco asociaciones gallegas gestionarán el concierto social hasta 2029

Cinco asociaciones gallegas han recibido luz verde para gestionar los servicios de autonomía personal y prevención de la dependencia durante los próximos tres años. La resolución de la Consellería de Política Social e Igualdad formaliza finalmente los conciertos sociales para personas con discapacidad intelectual, activando una inversión que se extenderá hasta julio de 2029.

El despliegue territorial es amplio, con cinco lotes que cubren A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense y Vigo. La ayuda pública asciende a un total de 1.052.159,41 euros, repartidos según la capacidad y el alcance de cada centro. Los servicios concertados incluyen formación prelaboral, logopedia y entrenamiento en habilidades personales y sociales, con una tarifa horaria unificada de 46,65 euros para cada una de estas especialidades.

El lote de Vigo, gestionado por Down Vigo, cuenta con la dotación presupuestaria más alta, alcanzando los 466.327,41 euros para todo el trienio. Le sigue de cerca la Fundación Down Compostela en Santiago, con 331.177,68 euros. En A Coruña, la Asociación Síndrome de Down gestionará el servicio con 131.497,02 euros, mientras que en Lugo y Ourense, las asociaciones locales de Síndrome de Down recibirán 66.357,30 euros y 57.225,57 euros respectivamente.

El proceso no ha estado exento de filtros. La Asociación Autismo Ourense quedó excluida del procedimiento al no acreditar la solvencia técnica necesaria en los plazos exigidos, ya que sus trabajos presentados no cubrían los tres años de experiencia mínima solicitada. Por el contrario, la Asociación Síndrome de Down de A Coruña logró su admisión tras un requerimiento adicional de documentación sobre sus servicios de logopedia.

La formalización de estos conciertos debe realizarse en un documento administrativo antes del 14 de agosto de 2026. Una vez completado este paso, las entidades comenzarán la ejecución del servicio bajo los criterios de calidad y atención establecidos por la Xunta. Las entidades tienen un mes para interponer un recurso de reposición si no estuvieran de acuerdo con la adjudicación recibida.