Dos plazas de libre designación en la Diputación de Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha puesto en marcha un proceso de libre designación para cubrir dos puestos de alta responsabilidad técnica. Se trata de una convocatoria definitiva que busca perfiles de nivel A1 para integrarse en la estructura foral, con una retribución por complemento específico de 50.681,17 euros anuales en cada caso.

Los puestos convocados son el de Secretario/a Técnico/a del Departamento de Gobernanza y el de Jefe/a de Servicio de Compromisos Institucionales, este último adscrito a la Dirección General de Política Fiscal y Financiera. Para acceder, es imprescindible contar con la condición de funcionario de carrera del grupo A1 y disponer de la titulación universitaria en Derecho o, en el caso de la jefatura de Compromisos, también doctorado, ingeniería o arquitectura.

El idioma es una pieza central en esta convocatoria. Se requiere acreditar el perfil lingüístico 4 de euskera. Si ningún candidato lograra acreditar este nivel, las bases contemplan la aplicación excepcional del perfil C1 a los únicos efectos de la cobertura de estas plazas.

La gestión de las solicitudes debe realizarse obligatoriamente por medios electrónicos a través de la sede de la Diputación. No se admitirá documentación en papel y el plazo para formalizar la inscripción termina a los 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del País Vasco.

Todo el proceso, desde la subsanación de posibles errores hasta la presentación de alegaciones, se canaliza digitalmente. Es necesario contar con certificados de firma electrónica admitidos, como la B@kQ o el DNI electrónico, para validar cada trámite.

Las bases reguladoras especifican que los candidatos deben mantener los requisitos exigidos hasta la toma de posesión. La Diputación verificará de oficio los datos de identidad, titulaciones y antecedentes, salvo que el interesado se oponga expresamente a ello en su solicitud.

Este movimiento administrativo es firme y pone fin a la vía administrativa. Quien desee impugnar la resolución cuenta con el plazo de un mes para interponer recurso potestativo de reposición o dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa.