Cambios en las RPT de la Diputación Foral de Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un paso técnico pero relevante en su organización interna. El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) que afecta tanto a personal funcionario como laboral, con el objetivo de adaptar la estructura a la reciente Ley 12/2023 de servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento.

El núcleo de este movimiento administrativo se centra en el servicio de bomberos. Ante la inminente convocatoria de plazas vacantes de cabo, la institución ha decidido crear 19 nuevos puestos en el subgrupo C1, tal como exige la nueva normativa. Paralelamente, los 19 puestos de cabo que hasta ahora operaban bajo la clasificación C2 en Irun, Oñati y Zarautz, han sido declarados a extinguir. Este ajuste busca evitar disfunciones operativas mientras se culmina la transición hacia el nuevo modelo de clasificación profesional.

Más allá del cuerpo de bomberos, el ajuste normativo tiene un impacto transversal en distintos departamentos forales. La Dirección General de Igualdad Lingüística ha llevado a cabo un análisis técnico tras diversas sentencias judiciales que señalaban una falta de proporcionalidad en los perfiles lingüísticos requeridos para el acceso a la función pública. Para garantizar la seguridad jurídica en futuras convocatorias, se ha fijado una nueva fecha de preceptividad generalizada para decenas de puestos: el 31 de diciembre de 2032.

Esta modificación afecta a una amplia variedad de perfiles técnicos y administrativos en áreas como Sostenibilidad, Cuidados y Políticas Sociales, Gobernanza, Promoción Económica, Movilidad o Hacienda y Finanzas. Los puestos afectados van desde técnicos de gestión (TAG) y administrativos hasta arquitectos técnicos, enfermeros o personal de apoyo en campañas de recaudación.

La decisión, que ya ha sido publicada en el boletín oficial, entra en vigor desde hoy mismo, día de su aprobación. Los interesados disponen ahora de un mes para interponer un recurso potestativo de reposición ante el propio Consejo de Gobierno Foral si lo estiman oportuno, antes de agotar la vía administrativa con un posible recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.