Zizurkil planea remodelar Ugare y Fraisoro: freno ambiental a la vista

Zizurkil tiene sobre la mesa una reforma urbanística que promete cambiar la cara de los ámbitos de Ugare y Fraisoro Errota, pero el proyecto ha chocado con una advertencia seria por parte de la Dirección General de Administración Ambiental de la Diputación Foral de Gipuzkoa. El plan, que busca dar cumplimiento a una sentencia judicial de 2015 sobre el edificio Itxaropena y ordenar el entorno del edificio Teodosio Berri, deberá someterse a una evaluación ambiental estratégica ordinaria antes de poder avanzar.

El dictamen foral, fechado el 10 de junio de 2026, subraya que las alternativas de ordenación presentadas hasta la fecha no son compatibles con la normativa vigente del Plan Hidrológico. Los técnicos señalan problemas significativos de inundabilidad, con calados previstos de hasta 3,19 metros en el sector Itxaropena y 3,10 metros en Iturgain durante episodios de avenida con periodos de retorno de 500 años.

Esta incompatibilidad afecta directamente a las propuestas actuales: tanto el centro de día planteado en plantas bajas, como los locales comerciales y los garajes subterráneos, se consideran inviables si no se garantizan medidas de seguridad drásticas. La Agencia Vasca del Agua ha sido tajante al respecto, instando a buscar ubicaciones alternativas fuera de las zonas inundables.

Además del riesgo por agua, el estudio acústico arroja datos reveladores sobre la calidad sonora en la zona. Ante la imposibilidad de instalar pantallas acústicas eficaces debido a las distancias y desniveles existentes frente a la línea ferroviaria Madrid-Irun y la calle Ubare, el área deberá ser declarada Zona de Protección Acústica Especial. Esto obligará a incluir medidas de aislamiento específicas en los futuros proyectos de edificación.

El Ayuntamiento de Zizurkil deberá ahora replantear la documentación técnica, integrando estudios hidráulicos detallados y un análisis específico de vulnerabilidad ante avenidas. La Diputación recuerda que este informe es preceptivo y vinculante, y que el proyecto caducará si no se aprueba definitivamente en un plazo máximo de cuatro años desde su publicación oficial hoy en el boletín.

La tramitación no se detiene aquí, pero sí impone un cambio de ritmo necesario para blindar la seguridad de las personas y los bienes. La propuesta definitiva deberá conciliar estos objetivos con la realidad climática del terreno, un entorno que, según los informes, presenta valores elevados de riesgo ante olas de calor e inundaciones fluviales. Quien busque construir en esta zona deberá estar preparado para un nivel de exigencia técnica mayor del inicialmente previsto.