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Ayuntamiento de Azpeitia·Boletín Bien de Gipuzkoa,

Azpeitia regula el acceso a sus alojamientos para personas vulnerables

El Ayuntamiento de Azpeitia aprueba el reglamento que regirá la ocupación de sus alojamientos sociales, estableciendo límites de estancia, baremos de puntuación y el copago para los usuarios.

Azpeitia ya tiene marco normativo para sus alojamientos sociales. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva el reglamento que regula el acceso y funcionamiento de las viviendas destinadas a mujeres víctimas de violencia machista, personas en situación de emergencia social y colectivos en riesgo de exclusión. La norma busca dotar de estabilidad a procesos de inserción que, sin un techo seguro, a menudo se diluyen.

Datos clave

Recurso
Alojamiento social y de acogida
Duración máxima
Hasta 18 meses según perfil
Prioridad
Mujeres víctimas de violencia machista
Recurso legal
Contencioso-administrativo en 2 meses

El texto, que entra en vigor tras su publicación, se ha adaptado para incluir propuestas de Elkartu, la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Gipuzkoa. Estas mejoras garantizan una atención adecuada para usuarios con discapacidad, integrándose en las disposiciones adicionales primera y cuarta de la nueva normativa.

El servicio se prestará en edificios ordinarios bajo la modalidad de baja intensidad. Esto implica que no habrá personal permanente en el alojamiento, pero sí un técnico de referencia en los servicios sociales municipales encargado del seguimiento, la mediación y la elaboración del plan de atención individualizado (PAI) de cada persona.

Las estancias temporales varían según el perfil. Para situaciones de emergencia social, el máximo es de 3 meses, prorrogables por otros 3. En el caso de mujeres víctimas de violencia machista, el plazo inicial es de 6 meses con opción a otros 6. Por último, para personas en riesgo de exclusión, la estancia puede alcanzar los 12 meses, con una posible prórroga de 6 meses más.

La normativa incluye un baremo de acceso detallado en el anexo III, que puntúa criterios como la situación económica, la vivienda, el entorno familiar, el aislamiento social y la salud. Este sistema ordena las listas de espera, aunque las víctimas de violencia machista tienen prioridad de acceso por encima del resto de grupos.

El acceso al servicio conlleva una obligación de copago. No obstante, las mujeres víctimas de violencia de género estarán exentas de esta aportación durante el primer mes de estancia. El Ayuntamiento revisará los precios públicos anualmente en función de la situación socioeconómica de los beneficiarios.

Los usuarios deberán cumplir con normas de régimen interno, como el mantenimiento del inmueble y la colaboración en las tareas cotidianas. El incumplimiento de estos deberes o la falta de documentación puede derivar en la suspensión o extinción del servicio, previo expediente y audiencia del interesado.

Para recurrir esta aprobación, los interesados disponen de dos meses desde la publicación del anuncio. En Azpeitia, la vivienda es el primer paso.

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