Berrobi estrena su nueva ordenanza de ayudas de emergencia social

Berrobi ya cuenta con una ordenanza propia para gestionar sus ayudas municipales de emergencia social. El Ayuntamiento ha publicado el texto definitivo en el último boletín, consolidando un marco regulador que nace como complemento a las prestaciones que ya ofrece el Gobierno Vasco, cuando estas resultan insuficientes para las necesidades de los vecinos.

Los beneficiarios deben estar empadronados y residir efectivamente en el municipio durante los seis meses anteriores a la solicitud. La norma abre la puerta a excepciones motivadas por los técnicos sociales en situaciones especiales, como la falta absoluta de ingresos en la unidad familiar o la presencia de menores de edad a cargo.

Estas ayudas cubren gastos específicos, ordinarios o extraordinarios, para evitar la exclusión social. La lista de conceptos subvencionables es amplia: alquileres, energía, electrodomésticos de línea blanca, reparaciones básicas, impuestos locales o incluso gastos extraordinarios como fianzas para un nuevo domicilio. También contempla necesidades primarias de vestido, educación y atención sanitaria que no cubran los sistemas públicos.

El sistema exige un compromiso activo por parte de quien recibe la ayuda. El beneficiario debe justificar cada céntimo con facturas o documentos probatorios que incluyan el NIF o DNI del emisor, el concepto y el importe. Además, el Ayuntamiento se reserva la potestad de requerir trabajos en beneficio de la comunidad, aunque quedan exentos los pensionistas por invalidez absoluta, los menores de 23 años que cursen estudios reglados y quienes, por criterio técnico, no estén en condiciones de realizar tales tareas.

La transparencia es un pilar de esta ordenanza. El solicitante tiene un plazo máximo de 15 días naturales para comunicar cualquier cambio en la composición de su unidad familiar, ingresos o domicilio. El incumplimiento de estas obligaciones, la obstrucción a las labores de control o el uso de la ayuda para un fin distinto al concedido, supondrá la revocación de la prestación y la obligación de reintegrar los fondos recibidos.

El texto, que ya está disponible en la web municipal, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín guipuzcoano. Contra este acuerdo definitivo, los interesados tienen dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.