Ayuntamiento de Donostia·Boletín Bien de Gipuzkoa,

Donostia rebaja los requisitos para ser abogado o conductor municipal

El Ayuntamiento de Donostia modifica la relación de puestos de trabajo para facilitar la contratación de letrados y conductores. Dos ajustes para adaptar las exigencias a la realidad diaria del consistorio.

El Ayuntamiento de Donostia ha decidido cambiar las reglas de entrada para dos puestos específicos de su estructura. No es un movimiento que afecte a los salarios ni a las tareas diarias de quienes ya ocupan esos despachos, pero sí altera quién puede aspirar a ellos en el futuro.

Datos clave

Recurso
1 mes (reposición) / 2 meses (judicial)
Requisitos letrado
Funcionario de carrera de cualquier administración de la CAV
Requisitos conductor
Carné C

El cambio más llamativo afecta a la figura del letrado o letrada municipal, el puesto número 388. Hasta ahora, el cerco estaba limitado a funcionarios de carrera de la propia casa. A partir de ahora, la puerta se abre a cualquier funcionario de carrera que trabaje en otras administraciones públicas de la Comunidad Autónoma Vasca.

La razón oficial es el pragmatismo: quieren atraer expertos en derecho contencioso-administrativo. Buscan talento curtido fuera de las paredes del ayuntamiento para defender los intereses locales con mayor solvencia técnica.

El segundo ajuste toca el volante. El puesto de conductor del Parque Móvil, el número 496, ya no exigirá el carné C+E. El consistorio ha reconocido que pedir esa licencia era una exageración, dado que la flota municipal no tiene vehículos que la requieran ni planes para comprarlos.

Desde ahora, para sentarse al volante de ese coche, bastará con el carné C. Es una adecuación a la realidad de los garajes, sin más vueltas.

Estos cambios no han requerido pasar por el Comité Técnico de Valoración de Puestos de Trabajo, ya que los sueldos se mantienen intactos. Tampoco ha sido necesaria la bendición de la Viceconsejería de Política Lingüística, pues las funciones y los perfiles de euskera siguen como estaban.

La decisión es firme desde su publicación en el boletín. Si alguien considera que este movimiento administrativo vulnera algún derecho, tiene un mes para presentar un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno Local o dos meses para acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo de San Sebastián.

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