Segura aprueba su ordenanza para las nuevas viviendas tasadas
El Ayuntamiento de Segura ha aprobado su nueva normativa de viviendas tasadas. Los interesados deberán cumplir criterios de empadronamiento y ocupación permanente para poder acceder a ellas.
Segura ya cuenta con su propia normativa para gestionar las viviendas tasadas municipales. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado definitivamente esta ordenanza, que busca facilitar el acceso a una vivienda digna y de calidad en el municipio, garantizando que estos inmuebles mantengan siempre su carácter de protección pública.
Datos clave
- Requisitos
- Empadronamiento 2 años o 5 años en la última década
- Ocupación
- Obligatoria como domicilio habitual
- Control
- Visado municipal obligatorio en contratos
- En vigor
- Tras su publicación oficial
La nueva regulación establece normas claras para quienes opten a una de estas viviendas. El requisito principal es tener necesidad de vivienda y acreditar el empadronamiento en Segura durante los últimos dos años, o haberlo estado al menos cinco años dentro de la última década. La ordenanza incluye, además, cupos específicos para familias numerosas y personas con movilidad reducida.
Los precios no serán libres. La normativa fija un tope máximo para la transmisión, calculado en función del precio de la VPO de régimen general, para evitar que la vivienda se convierta en un activo especulativo. Además, el Ayuntamiento se reserva derechos de tanteo y retracto permanentes para asegurar que la vivienda sea siempre el domicilio habitual de sus propietarios.
La ocupación efectiva es obligatoria. No se permite dejar la vivienda vacía, destinarla a segunda residencia o cederla a terceros sin autorización municipal expresa. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en la resolución de la compraventa o el alquiler a favor del Ayuntamiento.
Cualquier contrato de transmisión o arrendamiento deberá pasar por el visado municipal. Sin este visto bueno, los notarios no podrán elevar el documento a escritura pública ni inscribirlo en el Registro de la Propiedad. La norma busca evitar situaciones irregulares y proteger el parque de vivienda municipal.
El Ayuntamiento podrá recurrir a consumos anormales de agua, gas o electricidad para verificar si una vivienda está siendo ocupada realmente por sus titulares. Si se detecta un uso inadecuado, el Consistorio tiene potestad para inspeccionar y, en última instancia, iniciar los trámites de expropiación.
La ordenanza entró en vigor tras su publicación oficial en el boletín. El texto completo ya es ley local.
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