Luz verde al plan de regeneración industrial de Amillaga en Soraluze
El Ayuntamiento de Soraluze aprueba definitivamente el convenio para transformar el sector industrial A.U.2 de Amillaga. La mercantil propietaria se compromete a la regeneración de 14.765 metros cuadrados de suelo.
Soraluze ha dado luz verde definitiva a un convenio que busca transformar el área de Amillaga. El acuerdo, que afecta a una zona industrial de 14.765 metros cuadrados a orillas del Deba, establece los pasos necesarios para la regeneración de este espacio bajo un sistema de concertación de propietario único.
Datos clave
- Garantía bancaria
- 43.144,15 €
- Cargas urbanísticas
- 616.347,98 €
- Superficie total
- 14.765 m²
- Perfil edificable
- PB + 1
El documento firmado con Soraluce Berziklatuak, titular de la totalidad de las parcelas privadas, detalla los compromisos de urbanización que deberán ejecutarse. La empresa se obliga a presentar los proyectos de reparcelación y urbanización en un plazo máximo de seis meses.
La garantía financiera fijada para asegurar el cumplimiento de estas obras asciende a 43.144,15 €. Este importe equivale al 7 por ciento del presupuesto total de las cargas de urbanización previstas, cifradas en 616.347,98 €. El Ayuntamiento ha considerado que con este aval se cumple la finalidad de garantía legal, eximiendo a la mercantil de constituir una fianza adicional.
La intervención urbanística implica derribar los voladizos existentes sobre el cauce del río Deba y aquellas edificaciones que no se ajusten a la nueva ordenación prevista. El perfil máximo de construcción permitido en el sector se fija en planta baja más una altura.
Como propietario único, Soraluce Berziklatuak asume las obligaciones urbanísticas íntegras, incluidas las cesiones gratuitas de terrenos dotacionales al Ayuntamiento. El convenio vincula estos compromisos a la propiedad, por lo que cualquier transmisión futura del suelo obligará al nuevo titular a subrogarse en todos los términos suscritos.
El desarrollo de este ámbito estratégico es una pieza clave en la planificación urbanística municipal vigente desde 2016. La tramitación posterior de los proyectos técnicos deberá ajustarse a los criterios establecidos en el Plan Especial de Ordenación Urbana aprobado en julio de 2025.
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