El convenio del talud Gainzabal en Urretxu: quién paga el mantenimiento

Los futuros vecinos de la nueva promoción en el ámbito 13.1 Gainzabal de Urretxu ya saben quién cargará con el mantenimiento del talud que protege sus viviendas. El Ayuntamiento ha sacado a exposición pública el convenio urbanístico que obliga a los propietarios de estas 23 nuevas casas a constituir una Entidad Urbanística de Conservación para cuidar este espacio durante los próximos quince años.

La promotora Gainzabal Berri, S.L., responsable de la ejecución de las obras, deberá estabilizar el terreno en tres tramos diferenciados. La intervención incluye desde bulones de 4 metros en la zona rocosa inferior hasta mallas de triple torsión en la parte superior, además de geomallas en toda la superficie. Todo debe estar listo en un plazo de seis meses una vez se apruebe el proyecto técnico.

El convenio es estricto en cuanto a las garantías financieras. Antes de mover una sola piedra, la promotora debe depositar en la tesorería municipal un aval bancario que cubra el 7 por ciento del presupuesto total de ejecución material de los trabajos. El Ayuntamiento, por su parte, se reserva la potestad de ejecutar este aval de forma subsidiaria si la empresa abandona la obra o la realiza con defectos.

La responsabilidad frente a terceros recae exclusivamente sobre la promotora durante la fase de ejecución. Cualquier daño personal o material que pueda ocurrir en el talud público hasta la recepción oficial de las obras será de su cuenta, dejando al Ayuntamiento al margen de estas incidencias inmediatas.

El mantenimiento posterior, sin embargo, cambia de manos. Una vez finalizadas las obras, los propietarios de las viviendas asumirán los costes de limpieza, conservación y reparación. Esta obligación, amparada en la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, se extiende durante quince años desde que el Consistorio recepcione la urbanización.

Solo. Quince años.

Pasado ese plazo, y tras una inspección técnica que confirme que todo está en orden, la responsabilidad volverá al Ayuntamiento. Será entonces cuando el municipio se encargue de las labores de conservación ordinarias inherentes a la titularidad pública del suelo, tal como marca la ley vigente.