Valdepiélagos activa su nuevo protocolo de protección para menores

El municipio de Valdepiélagos estrena un nuevo protocolo de seguridad para proteger a los menores en sus actividades municipales. El documento, que ya es oficial tras su aprobación definitiva por el Pleno, detalla las normas de conducta obligatorias en espacios como el polideportivo, las escuelas deportivas o los campamentos de verano.

El texto, nacido al amparo de la ley nacional de protección a la infancia contra la violencia, impone medidas concretas. El ayuntamiento designará a un delegado de protección, una figura que servirá como referencia única para menores y familias. Este responsable será el encargado de canalizar cualquier queja o situación sospechosa que pueda surgir en el entorno de los servicios públicos.

La normativa es taxativa con el personal y los colaboradores. Cualquier persona con contacto habitual con niños deberá presentar obligatoriamente un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos antes de comenzar su labor. Este control se repetirá anualmente sin excepción.

El protocolo prohíbe explícitamente conductas como las reuniones a puerta cerrada con un solo menor en espacios sin visibilidad o los desplazamientos a solas en vehículos privados. También impone una regla de oro en el trabajo con niños: siempre que sea posible, habrá dos adultos responsables presentes en las actividades.

Las empresas contratistas y las entidades que reciban subvenciones municipales deberán adherirse a estas normas como requisito indispensable para seguir trabajando con el ayuntamiento. El incumplimiento de estas pautas se considera falta grave y puede derivar en la resolución de contratos o la revocación de ayudas.

La norma establece canales seguros y confidenciales, incluyendo un buzón físico y un sistema digital. La gestión de estas comunicaciones no será pública, y el delegado tendrá la responsabilidad de realizar una valoración preliminar en menos de tres días hábiles antes de elevar el caso a las autoridades competentes.

La puesta en marcha de este sistema de monitorización requiere formación específica. El personal técnico recibirá un plan de capacitación inicial de diez horas, que se actualizará anualmente, mientras que los cargos públicos con delegación en estas materias también deberán acreditar su formación al inicio de su mandato.

El ayuntamiento se compromete a realizar una memoria anual sobre la aplicación de estas medidas. Este documento evaluará indicadores de éxito, como el porcentaje de personal con certificado actualizado o el grado de conocimiento que tienen las familias sobre esta figura protectora.