Enseñanza evangélica en Madrid: el nuevo convenio de cuatro años
La Consejería de Educación y el Consejo Evangélico de Madrid han sellado un nuevo acuerdo para organizar la enseñanza de religión evangélica en colegios e institutos públicos.
La Comunidad de Madrid y el Consejo Evangélico de Madrid han renovado su compromiso para organizar la enseñanza de religión evangélica en los centros docentes no universitarios de la región. El convenio, que formaliza la colaboración entre ambas instituciones, tiene una vigencia inicial de cuatro años prorrogables por otros tantos.
Datos clave
- Vigencia
- 4 años (prorrogables por otros 4)
- Financiación
- Sin transferencia de fondos
- Firmantes
- Comunidad de Madrid y Consejo Evangélico
El acuerdo detalla los mecanismos para garantizar que el alumnado reciba esta formación cuando sus familias la soliciten, ajustándose a la normativa estatal y a los currículos establecidos. La oferta será obligatoria para los centros que impartan desde Educación Infantil hasta ciclos formativos de grado medio, sin que ello suponga discriminación en la actividad académica.
Una de las piezas clave del convenio es la figura del profesor con función asesora técnica. Este docente, adscrito a un Centro Territorial de Innovación y Formación, se encargará de coordinar el apoyo didáctico y la actualización pedagógica del profesorado de esta materia en toda la región.
La selección de este perfil se realizará a propuesta del Consejo Evangélico de Madrid entre quienes ya estén impartiendo clases en centros públicos madrileños. Su labor incluye la detección de necesidades de formación permanente y la organización de seminarios y grupos de trabajo, trabajando codo a codo con la administración educativa.
La inspección de las clases, en lo relativo a contenidos, materiales y pedagogía, queda bajo la competencia del Consejo Evangélico. La gestión de los grupos y el resto de aspectos organizativos dependerá, como es habitual, de la administración educativa.
El convenio no implica el movimiento de dinero entre las instituciones. Los gastos derivados se integrarán en los presupuestos ya existentes para el servicio público educativo.
La coordinación se refuerza con una comisión de seguimiento que se reunirá al menos una vez al año. Este órgano se encargará de resolver las dudas que puedan surgir durante la aplicación del texto. Ninguno de sus miembros cobrará nada por acudir a las reuniones.
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