Evaluación de políticas sociales en Madrid: contrato de 591.302 €

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha sacado a concurso la evaluación de sus políticas públicas para el periodo 2026-2027. Se trata de un contrato dividido en tres lotes, cada uno enfocado en un área crítica de la intervención social en la Comunidad de Madrid, con un valor total estimado que roza los 600.000 euros. Las empresas interesadas tienen hasta mediados de noviembre para presentar sus propuestas técnicas y económicas.

El primer lote busca evaluar las actuaciones en el ámbito de la emergencia social, con un presupuesto base de 122.170 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Los lotes dos y tres, centrados respectivamente en el acogimiento familiar y en la enfermedad mental, cuentan con una dotación mayor, 183.255 euros cada uno, y un tiempo de ejecución extendido a nueve meses.

La adjudicación no será a ciegas, ya que el contrato se rige por una pluralidad de criterios. La oferta económica pondera hasta 40 puntos, mientras que los criterios evaluables de forma automática mediante fórmulas alcanzan los 60 puntos restantes. Las empresas que resulten adjudicatarias deberán asumir, además, los gastos de publicidad de los anuncios correspondientes.

La presentación de ofertas debe hacerse exclusivamente por vía electrónica a través del portal de contratación de la Comunidad de Madrid. El proceso requiere la entrega de dos sobres diferenciados: uno con la documentación administrativa y otro con la proposición económica junto a la documentación técnica valorable automáticamente.

Si tu empresa quiere asistir al acto de apertura de plicas, deberás solicitarlo por correo electrónico a la dirección de contratación de la consejería con una antelación mínima de 48 horas al acto, que tendrá lugar el 27 de noviembre a las 10:00. Es un paso necesario para recibir el enlace de acceso a la reunión virtual por Microsoft Teams.

El contrato tiene un valor estimado de 488.680 euros, cifra que asciende a 591.302,80 euros si se incluye el IVA. La garantía definitiva exigida para los adjudicatarios será del 5 por ciento del precio final ofertado, excluido el impuesto.

El Jefe de División de Contratación, Antonio Benito, firma esta resolución que pone en marcha el análisis de efectividad de las políticas sociales vigentes. Si el contrato no se firma antes del 2 de enero de 2027, los plazos de ejecución empezarán a contar desde el día siguiente a la formalización del mismo.