Valdemoro mueve más de 23 millones en sus cuentas municipales
El Ayuntamiento de Valdemoro activa una modificación presupuestaria financiada con el remanente de 2025. El documento detalla el reparto de más de 23 millones de euros en gastos de personal, servicios e inversiones.
El Ayuntamiento de Valdemoro se ha puesto manos a la obra con su contabilidad. Tras el pleno celebrado el pasado 28 de julio, la corporación municipal ha dado luz verde definitiva a una modificación presupuestaria que tira de los ahorros acumulados del ejercicio anterior. El movimiento, que ya es oficial tras no recibir reclamaciones durante el periodo de exposición pública, inyecta una cantidad considerable en las arcas municipales para cubrir diversas necesidades del año en curso.
Datos clave
- Remanente usado
- 23.771.616,56 €
- Gasto corriente
- 57.896.519,51 €
- Inversión real
- 18.043.020,09 €
- Recurso
- 2 meses
El motor de esta operación es el remanente líquido de tesorería, una bolsa de 23.771.616,56 € que ahora se redistribuye para ajustarse a la realidad del gasto corriente y las inversiones previstas. Se trata de un ajuste técnico necesario para asegurar el funcionamiento de los servicios públicos tras el cierre del presupuesto de 2025.
La mayor parte del gasto se concentra en el mantenimiento operativo del municipio. Concretamente, se destinan 57.896.519,51 € a gastos corrientes en bienes y servicios, una cifra que refleja el peso de la gestión diaria. Le siguen las partidas dedicadas a cubrir el personal municipal, que suman 28.838.124,35 €.
El plan inversor también tiene su hueco en esta modificación, con 18.043.020,09 € reservados para inversiones reales. Además, el presupuesto contempla una partida de 2.307.433,33 € para hacer frente a los gastos financieros derivados de la actividad económica del consistorio.
Finalmente, el apartado de transferencias de capital se queda en 153.195,84 €.
Las cuentas ya están claras. El dinero ya estaba guardado.
Contra esta resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal de Instancia de Madrid. El plazo es de dos meses a contar desde el día siguiente a esta publicación. Es la vía abierta para quienes deseen cuestionar la legalidad de este ajuste presupuestario.
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