Prezero se encargará de los residuos peligrosos en emergencias de Madrid
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 cierra el contrato para la gestión de residuos peligrosos. El servicio, adjudicado a Prezero, supone un gasto superior a los 320.000 euros.
La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ya tiene quien se encargue de limpiar las secuelas de cualquier accidente grave en la región. El contrato para la retirada y gestión de residuos y mercancías peligrosas derivadas de situaciones de emergencia ha sido formalizado con la empresa Prezero, Gestión de Residuos, S. A., tras un proceso de licitación que se cerró con una única oferta sobre la mesa.
Datos clave
- Importe total
- 323.522,69 €
- Empresa adjudicataria
- Prezero, Gestión de Residuos, S. A.
- Fecha formalización
- 28 de septiembre de 2026
La adjudicación, que se hizo efectiva el pasado 19 de agosto de 2026, implica un desembolso total de 323.522,69 euros, IVA incluido. Esta cifra se desglosa en 294.111,54 euros como importe neto y 29.411,15 euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido.
La tramitación ha seguido un procedimiento abierto donde el criterio económico pesó un 90 por ciento frente al 10 por ciento destinado a la calidad. El contrato quedó formalizado oficialmente el 28 de septiembre de 2026.
Prezero, que no está clasificada como pequeña o mediana empresa, asume así el servicio para toda la Comunidad de Madrid. La licitación buscaba específicamente cubrir riesgos relacionados con residuos radiactivos, tóxicos o médicos, materiales que requieren un tratamiento especializado en momentos críticos.
El acuerdo se firmó tras la evaluación de una única propuesta recibida, la cual fue presentada íntegramente por vía electrónica. Cualquier interesado que desee revisar el procedimiento administrativo cuenta con un plazo de 15 días hábiles para interponer un recurso especial en materia de contratación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública regional.
También cabe la vía del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con un plazo de dos meses.
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