Suministro de tóner para las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid

Las impresoras de las sedes judiciales de toda la Comunidad de Madrid se preparan para un cambio de proveedor. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha sacado a licitación el suministro de tóner para el próximo año, un contrato que busca asegurar que la tinta no falte en los juzgados durante los doce meses que durará el servicio, a partir de febrero de 2027.

El presupuesto total se ha fijado en 1.041.511,13 euros, IVA incluido. Esta cuantía no es un capricho, sino la estimación para cubrir el consumo de cartuchos de tóner en todo el parque de impresoras de la administración judicial regional.

Las empresas interesadas en hacerse con este contrato deberán presentar sus ofertas en dos sobres separados. El primero contendrá la documentación administrativa, mientras que el segundo incluirá la propuesta económica y los detalles técnicos que puntuarán hasta un máximo de veinte puntos. El precio, por su parte, tiene un peso mayor en la adjudicación, con hasta ochenta puntos en juego.

El proceso se tramita por vía ordinaria y procedimiento abierto. La gestión se realiza de forma totalmente electrónica a través del Portal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, donde ya están disponibles los pliegos y los detalles técnicos para los licitadores.

La apertura de las propuestas económicas está prevista para el 1 de diciembre de 2026 a las 10:00 horas. El acto no es público, por lo que el resultado de la sesión se hará saber a los participantes mediante la publicación del acta correspondiente en la misma plataforma electrónica.

Las condiciones de ejecución son estrictas. La empresa que resulte adjudicataria deberá ajustarse a lo establecido en el cuadro de características del pliego, que regula tanto la calidad como la logística de entrega en las distintas sedes. Lourdes Ríos, como Secretaria General Técnica, firma la resolución que pone en marcha esta licitación.

Si tu empresa quiere presentar una oferta, el plazo termina el 23 de noviembre de 2026. Los licitadores estarán obligados a mantener su propuesta durante los dos meses siguientes a esa fecha. Cualquier duda o recurso se gestionará ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.