La Mancomunidad Valle Norte del Lozoya se integra en Sierra Norte
El Gobierno regional aprueba la disolución de la mancomunidad del Valle Norte del Lozoya, que se fusionará con la Sierra Norte a principios de 2027 para ganar eficiencia.
La mancomunidad de Servicios Valle Norte del Lozoya tiene las horas contadas en el mapa administrativo madrileño. Tras un proceso que arrancó formalmente en abril de 2024 y sufrió un parón temporal a finales de 2025, el Gobierno regional ha dado el visto bueno definitivo a su disolución. El cambio no es un cierre a cal y canto, sino una integración total en la Mancomunidad de Interés General de Servicios Sierra Norte.
Datos clave
- Fecha efectividad
- 1 de enero de 2027
- Entidad absorbente
- Mancomunidad de Interés General Sierra Norte
- Servicios incluidos
- Residuos, medio ambiente, turismo y transporte
La disolución se hará efectiva el 1 de enero de 2027. A partir de ese día, todo el entramado que sostenía a la mancomunidad saliente pasará a manos de la Sierra Norte: bienes, derechos, obligaciones, contratos, convenios y, lo más importante para el día a día, el personal y los servicios públicos que prestaban hasta la fecha.
La lista de servicios traspasados incluye áreas sensibles para los vecinos, como la gestión de residuos, el medio ambiente, el turismo, la movilidad y el transporte colectivo de viajeros. La nueva entidad integradora aceptó formalmente este legado el pasado 31 de julio de 2026, garantizando que el paso de una estructura a otra no deje a los municipios descubiertos.
Todo sigue igual. Las prestaciones se mantienen.
El expediente, tramitado bajo la supervisión de la Dirección General de Reequilibrio Territorial, confirma que se han cumplido todos los pasos técnicos: acuerdo de los plenos municipales, nombramiento de la comisión liquidadora y elaboración de la propuesta de inventario final. Se acaba la duplicidad organizativa, buscando una gestión más eficiente en la sierra.
Si alguien necesita recurrir esta decisión, tiene un mes para presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local o dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
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